Crisis política llegaría a la Corte Suprema

La escalada de tensión política iría in crescendo esta semana, ya que la oposición delinea un pedido de juicio político contra Colombi por supuesto abuso de autoridad y usurpación del Poder Judicial. Incluso, según fuentes nuevistas, ya se presentaron denuncias penales contra el gobernador y su equipo y contra los magistrados que asumieron el lunes. La mayoría legislativa con la que cuentan augura un oscuro panorama para la dupla gobernante (sobre Galantini ya pesa una presentación en su contra, que pasó a comisión).
Este escenario volvió a agitar el fantasma de la intervención federal. Según trascendió, sería inminente una presentación en este sentido ante el Congreso Nacional.
El eje del conflicto pasa por la decisión de Colombi de nombrar por decreto jueces en comisión para ocupar las vacantes en la Justicia, entre ellas tres en el Superior Tribunal de Justicia, además de la Fiscalía General. Desde el oficialismo argumentan que los «obliga» la Constitución, ante la reticencia de la oposición a aprobarles durante las sesiones ordinarias los pliegos propuestos. Pero la oposición el viernes llamó a extraordinarias (no es reconocido por el gobierno) y dice que la facultad de aprobarlos sigue en sus manos.

Estas posiciones encontradas instalaron este lunes en la provincia la virtual coexistencia de dos cortes. El máximo tribunal tiene 5 miembros. Dos fueron nombrados con acuerdo del Senado, mientras que los restantes eran subrogantes. Los tres nombramientos de Colombi vienen a reemplazarlos. Pero ayer, tanto el hasta ahora titular de la «vieja corte», Fernando Niz (con los subrogantes) como Juan Carlos Codello (con los tres nuevos miembros) se arrogaban el título de presidente del cuerpo y la validez de sus tribunales. El frente sigue abierto: hoy Colombi nombrará en comisión a más jueces por vacantes en tribunales del interior.

«Lo que no se puede admitir es que se produzcan atropellos a un poder del Estado; el gobernador irrumpió con 60 policías, rompió puertas y tomó por asalto el Poder Judicial», aseguró a este diario Raúl Romero Feris. Ayer legisladores opositores enviaron cartas documento «para denunciar el atropello» al presidente Eduardo Duhalde, al titular de la Corte Suprema de Justicia, Julio Nazareno y al ministro del Interior, Jorge Matzkin. La intención es incluso hacer una presentación formal ante el máximo tribunal nacional. Además pidieron ayer a Nación
el urgente envío de gendarmes.

Romero Feris disparó contra Matzkin. «Veo muy quieto al Ministerio del Interior ante este avasallamiento», se quejó. Para el caudillo del PANU, esa cartera debería «por lo menos intermediar en esta grave situación, porque puede salirse de cauce y haber hechos de violencia». Ayer fuentes del ministerio dijeron que siguen «con atención» el conflicto pero que «se trata de un problema político correntino, que esperamos que resuelvan los poderes correntinos». La idea -dijeron- es actuar como «garante» de un acuerdo entre partes, que hoy parece lejano.

Desde el oficialismo ayer multiplicaron los contactos con el entorno de Duhalde para «aclarar» que actúan «amparados por la Constitución» y que la oposición «quiere voltear al gobierno» (vía juicio político o intervención) y lograr «la impunidad» de «Tato» mediante su asunción como senador nacional, luego de sus más de tres años de detención. Mientras, naufraga la aprobación del Pacto Fiscal, que destrabará el envío de $ 200 millones. En este marco hoy desembarcará en la provincia el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Juan José Mussi, mientras que mañana haría lo propio el secretario general de la Presidencia, José Pampuro, para coordinar el operativo Rescate en territorio correntino. De cumplirse los plazos previstos, el plan arrancaría formalmente la semana que viene.