Denuncia UCR que no pudo acceder a informe oficial

Ahora desde la UCR denuncian presuntas irregularidades en el tratamiento del caso por parte de la Justicia local, que en diez días deberá emitir sentencia sobre un pedido de documentación del dinero expatriado. El último capítulo sobre el controvertido tema se dio tras la presunta decisión del juez Héctor Arenilla (titular del Juzgado provincial de Primera Instancia Nº 1) de -según fuentes del radicalismo local- no notificar al senador nacional y titular de la UCR santacruceña, Carlos Prades, sobre la presentación que la Fiscalía de Estado hizo el jueves, respondiendo a un pedido de informe «en detalle» de «la evolución y el destino» de los fondos entre 1993 y 2003.
La semana anterior, el mismo juzgado, pero entonces a cargo de la jueza subrogante Claudia Guerra, había hecho lugar a una acción de amparo de Prades pidiendo que el Ejecutivo diera a conocer públicamente la información sobre el dinero expatriado.
«Entre mañana (por hoy) y pasado, vamos a intentar hacer algún tipo de presentación judicial, porque no se nos puede negar el acceso al informe entregado por el fiscal de Estado. Justamente para eso es que hicimos el amparo», manifestó ayer Prades a Ambito Nacional.
Según el senador, en el juzgado explicaron que no se les permitió acceder al informe porque éste ya había pasado a autos para dictar sentencia. Aun así, extraoficialmente trascendió que el informe -elaborado por el fiscal de Estado Pablo González- no contendría los datos solicitados por Prades, sino que explicaría que la información ya había sido presentada anteriormente, haciendo referencia a las cerca de 500 fojas de las que el Tribunal de Cuentas provincial se valió para aprobar en julio la rendición de cuentas provincial, que incluía los fondos expatriados, pero no daba cuenta del período 1993-2003.
«Lo grave es que siguen dando vueltas, y los documentos no aparecen», señaló Prades, quien lidera los reclamos radicales contra los manejos de la «década kirchnerista», denunciando que la provincia debería tener en el exterior unos u$s 1.200 millones y no los u$s 507 que acusa el oficialismo.
Dentro del plano legal, el juez Arenilla tiene ahora diez días para emitir sentencia definitiva sobre el pedido de información. «Vamos a esperar, pero nuestra intención es llegar a la Corte Suprema en el plazo más breve posible, siguiendo todos los mecanismos judiciales que sean necesarios, porque no confiamos en la Justicia santacruceña», notificó ayer Prades.