Rojo fiscal santafesino, peor de lo imaginado, confirma queja de Perotti

La diferencia por los montos de la herencia de caja viene siendo uno de los principales focos de conflicto político en la provincia, que hasta el año pasado gobernó el socialista Miguel Lifschitz,

Omar Perotti y Miguel  Lifschitz. 

Télam

Las dificultades de caja que el peronista Omar Perotti enfrenta desde que asumió, y que se agravaron por el parate generalizado de la economía por la pandemia del coronavirus, se explican en gran medida por la delicada situación de las finanzas provinciales, que arrastran un notorio deterioro cuyo origen viene siendo motivo de fuertes tironeos políticos en la Legislatura santafesina entre el oficialismo y la oposición referenciada en el Frente Progresista que gobernó la provincia hasta el año pasado.

Por caso, uno de los problemas más graves es la abultada deuda pública (representada por todos los compromisos monetarios externos e internos, directos e indirectos del Estado originados por el uso del crédito público y no fueron reembolsados) que cerró 2019 con un crecimiento del 54,5 por ciento, mientras que la deuda flotante (aquella que se renueva constantemente para financiar las necesidades de gasto corriente y cuyo monto surge de la diferencia entre gastos devengados y pagados) trepó un 78,2 por ciento.

Según datos del último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), “el stock de deuda pública consolidada al 31 de diciembre de 2019 fue de $39.562,2 millones y la deuda flotante de $28.569,5 millones”.

El resultado del estudio sumó argumentos a favor de la administración de Perotti, que viene denunciando a su antecesor Miguel Lifschitz por la herencia de una “situación ruinosa” que forzó a la nueva gestión a impulsar la ley de emergencia económica para poder iniciar el camino de la recuperación.

“Queda en claro que las acreencias de la provincia no son del orden de los 6.000 millones de pesos como se dio a difusión en algunos espacios periodísticos y se deslizó en ambientes políticos”, sostienen en despachos santafesinos y señalan datos del informe de la ASAP como el resultado financiero negativo que trepó a $16.474,48 millones, ascendiendo a $ 17.963,18 si se incluyen los adelantos a municipios y comunas; y emergencias financieras pendientes de reintegros por su refinanciación por un monto de $1.488,7 millones.

Efecto espiral y ascendente

Para la ASAP, el aumento de la deuda consolidada en el ejercicio 2019 se debió fundamentalmente a la influencia del riesgo cambiario que introdujo “una estructura de deuda pública altamente dolarizada, y las consecuencias de las variaciones del tipo de cambio sobre el stock de la misma”. El dólar es la unidad de medida que se toma para englobar la totalidad de la deuda en diferentes monedas y la escalada en su cotización interanual aportó lo suyo.

“Ello se reflejó mayormente en la instrumentada en títulos públicos internacionales cuyo stock al 31 de diciembre fue de $29.945,0 millones (+58,8% respecto al último dato de 2018) aunque no se recibieron desembolsos. Sobre los préstamos directos de organismos internacionales también impactaron los efectos de la depreciación de la moneda, alcanzando el stock de deuda al 31/12/2019, por este concepto, es de $7.157,0 millones”, precisó el organismo.

Monto definido

Mientras algunos debates daban por hecho que la herencia económica negativa de Lifschtiz ya tenía un número concreto y cuantificable (6.000 millones de pesos), tanto la cifra como la motivación para atender a un grupo de acreencias tienen -según la visión del ala técnica del gobierno de Perotti- orígenes y justificaciones distintas.

Ese monto, explican, está vinculado con lo establecido tanto por la Ley de Presupuesto 2020 como por la Ley de Necesidad Pública. En orden a los alcances de ambas leyes y lo establecido taxativamente en sus contenidos por la Legislatura provincial a fines de marzo surge el decreto 415 rubricado días atrás por el gobernador y el ministro de Economía, Walter Agosto. Allí se plasma la intención de renegociación de la deuda con un grupo de acreedores del Estado por 6000 millones de pesos –con títulos o bonos por 4500 millones de pesos y cheques de pago diferido por 1500 millones de pesos- tal cual lo establece la Ley de Necesidad Pública, que autorizó al Ejecutivo provincial a concertar “operaciones de crédito público por la suma de seis mil millones de pesos con el objeto de atender renegociaciones y la cancelación de deuda flotante, o consolidada” en los términos de la Ley de Presupuesto 2020. Con estos bonos y títulos de deuda contemplados en este programa de emisión, se cancelará solo una parte de las acreencias, ya que hay compromisos que quedaron por fuera de la autorización legislativa (municipios y comunas; proveedores y acreedores en variados rubros, etc.).

Características

Los títulos de deuda para la cancelación de obligaciones que se emitirán en la provincia -sobre los que ya fueron informados los representantes de las Cámaras de la Construcción de Santa Fe y Rosario, por los ministros de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, y Agosto de Economía, como propuesta para saldar la deuda consolidada registrada entre mayo y diciembre de 2019- ya se aplican en distritos provinciales como Córdoba, en la ciudad capital mediterránea, Neuquén, provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estos títulos podrán ser cobrados por sus poseedores en un plazo que tendrá como último vencimiento el 1 de abril de 2023 pero también podrán comercializarse antes en entidades bancarias. Estas obligaciones podrán ser negociadas al momento de ser recibidas y también podrían ser utilizadas por los tenedores para cancelar deudas tributarias o no tributarias que mantengan con el Estado santafesino, con una autorización previa del ministerio de Economía provincial.