“El BMW es mío, mío”

La reacción del dueño del automóvil BMW que iba a ser incautado por Rentas debido a la deuda que tenía con el Estado provincial, protagonizando un verdadero sainete transmitido en directo al país entero por todos los medios de comunicación, hizo que mucha gente recordara aquella expresión que ha quedado en la historia pequeña de los argentinos: «la Ferrari es mía, mía, mía...»
La actitud antisocial del deudor que dio tan triste espectáculo ante las cámaras de televisión -nadie puede negar que es antisocial no cumplir con el pago de los impuestos- se agrava más aún cuando es evidente que cuenta con los recursos para pagar la deuda y la cuota. Además es alguien que, dada su formación profesional, no puede ignorar que puede hacer los trámites para cancelar sus deudas a través de Internet o de la línea telefónica gratuita. Provocó una situación patética y fuertemente antagónica con la inmensa cantidad de contribuyentes de recursos ajustados que pagan religiosamente el impuesto del modesto vehículo que poseen.
Pero no es lo más preocupante la postura individual de aquel deudor que, luego del aquelarre que generó, rápidamente canceló su deuda, demostrando que -como se podía advertir fácilmente- estaba en sobradas condiciones para pagar el impuesto, pero que no lo hacía porque, como otras personas, no se le antojaba. O porque, como decía -hace cinco décadas- el respetadísimo economista John Kenneth Galbraith: «Debido a que pueden pagar su propia vivienda, educación, salud, seguridad, sin necesidad de que el Estado se lo brinde, no pagan los impuestos argumentando que los funcionarios son ineficientes o corruptos. En realidad, son excusas que utilizan porque no quieren financiar esos servicios que el Estado debe prestar a toda la población, especialmente a los más pobres». Lo preocupante es que hay quienes, desde ciertos ámbitos, avalan esas posturas egoístas y para nada solidarias.
Las herramientas que la Legislatura provincial le otorgó -por ley, debe recalcarse- al Poder Ejecutivo provincial, han generado fuerte polémica y reacciones adversas de diversos sectores. La más conocida de esas herramientas es la de incautarse de vehículos cuyos propietarios deben altísimas sumas al fisco, por no cumplir con la obligación legal de pagar los impuestos. Sin embargo, protestaron con alegaciones forzadas los propios deudores
-confesos y consuetudinarios- y quienes hacen prevalecer el interés individual sobre el de la comunidad, señalando que se afecta la propiedad privada, cuando en ningún momento se menoscaba la propiedad de los vehículos, sólo su uso, como lo hace cualquier municipio cuando los automotores están mal estacionados o excedieron el plazo estipulado.
Hoy se da, entonces, un clásico de la economía: el conflicto de objetivos. Los mismos que defienden a los deudores morosos y evasores son los que, con razón y fundados argumentos, reclaman mayores salarios para maestros, policías, enfermeras y jueces, y la mejora de los servicios del Estado. La disyuntiva es obvia: o recaudamos más para aumentar esos salarios y mejorar esos servicios o resulta imposible hacerlo por falta de recursos.
En esta circunstancia nos encontramos con que un grupo importante de personas, que están obligadas a cumplir con el pago de los impuestos y tienen alto poder adquisitivo, no lo hacen. Lo que nos instala en otra disyuntiva: o les cobramos a ellos, que deben sumas siderales, o les aumentamos la imposición a los que están pagando. Lo cual es absolutamente injusto. Como es injusto que haya 180.000 juicios a deudores, por un monto que supera los
$ 11 mil millones, cuando la provincia necesita más recursos para financiar la salud, la educación, la seguridad, la ayuda social...
En síntesis, estos deudores privilegiados abusan de su «poder social» para no aportar al financiamiento colectivo, y apelan a la Constitución cuando en realidad pretenden hacer sus propias leyes, porque pueden comprar educación, salud, seguridad, justicia -siempre tienen en el celular el número de su abogado- y no quieren aportar para que el Estado se los brinde a quienes no están en condiciones de adquirirlos. Por eso suelen alegar los propietarios de inmuebles en barrios cerrados que ellos han realizado la infraestructura y no el Estado. Entonces se ven desobligados a cumplir con el contrato social.
 Escenario
Hemos llegado a esta situación porque el Ejecutivo bonaerense no contaba con herramientas modernas y eficaces para combatir el flagelo de la evasión y la morosidad tributaria. Se había hecho carne en aquellos que tienen como política eludir la actividad recaudadora del fisco que «Rentas no le podía cobrar a nadie».
Suele decirse que en algunos países las personas son muy respetuosas de las leyes y pagan religiosamente sus impuestos. Lo que no se dice es que si no lo hacen las sanciones son durísimas. Mucho más duras que las que podemos aplicar nosotros aun con las nuevas facultades.
Acá nomás, allende la Cordillera de los Andes, en el hermano Chile, los comerciantes están obligados a entregar las facturas correspondientes a sus clientes ante cualquier operación de compraventa. Si no lo hacen son multados severamente, pero también el cliente que no exige «la boleta» puede ser detenido por el Cuerpo de Carabineros. En los países cuya calidad de vida envidiamos, las medidas son similares o más duras aún.
El apoyo del gobernador Felipe Solá y del ministro Gerardo Otero nos da fuerte impulso para continuar en esta tarea que debe superar grandes dificultades y críticas de todo tipo. Creo que, como ha escrito el propio Otero, «tarde o temprano todos entenderemos que las sociedades más justas y equitativas se basan en el respeto por los derechos de los individuos, pero nunca a costa de descuidar el interés colectivo».

(*) Subsecretario de Ingresos Públicos de la provincia de Buenos Aires.