Embargarán cuentas sin orden judicial

Santiago Montoya

El monto de evasión en juego es de cerca de $ 4.500 millones (deuda original más intereses acumulados), aunque la provincia terminaría por percibir en una primera etapa alrededor de $ 3.500 millones (descontados los intereses). En rigor, según el funcionario, en la mira están «todos los activos líquidos, como cajas de ahorro, cuentas corrientes, acciones o títulos públicos».

Para ello, el subsecretario de Felipe Solá confía en desactivar la semana entrante, en el plano judicial, el fallo «ridículo» que hoy bloquea este tipo de medidas compulsivas.

En este sentido, ayer se sumó un nuevo pronunciamiento del juez en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Enrique Arbizu, quien ordenó detener los operativos de secuestros de autos. Aunque desde la cartera de Rentas aclararon anoche que la medida, en rigor, estaba suspendida desde el pasado lunes.

«Estamos recibiendo la información de los bancos con respecto a los activos financieros de nuestros deudores (tienen la orden de hacerlo del Banco Central), y ya hay información de dos bancos grandes privados», explicó Montoya, respecto al embargo de las cuentas. Cuando los técnicos de Rentas reciban la información completa, dispararán los operativos.

De esta forma, Montoya volverá a apelar a la ley provincial que le otorgó superpoderes en diciembre para luchar contra la evasión. Fue gracias a esa norma que la cartera de Rentas activó ya el secuestro de vehículos, sin pasar por la Justicia, para los casos de quienes ostentan gruesas deudas en materia del Impuesto Inmobiliario. Por esa ley, además, ya fueron iniciados juicios de apremios, con procedimiento abreviado, contra casi 20 contribuyentes que adeudan Ingresos Brutos.

En este marco, ayer además el funcionario recomendó al intendente de Berisso, Enrique Slezack, que impulse el remate de propiedades de los deudores de tasas comunales que, además de poseer varios inmuebles, habiten fuera de ese distrito.

Doble avanzada

Según Montoya, el procedimiento que activaría en dos semanas contempla, en primer lugar, el embargo de cuentas «en forma directa e inmediata», por parte de Rentas, de la deuda que no esté aún en juicio. En un segundo paso, se busca que ese organismo le transfiera a los apoderados fiscales -vía la Fiscalía de Estado- información sobre esos activos financieros, «para que se aplique la nueva ley de apremios fiscales».

La norma estipula «secuencias de embargos, donde los jueces deben privilegiar los embargos más líquidos». La intención es que la causa se concentre primero en los embargos que pueden redituarle con más rapidez fondos a las arcas bonaerenses.

Tras el embargo de la cuenta, la operatoria marca que Rentas iniciará el juicio correspondiente, a través del cual pedirá al magistrado que «confirme la medida cautelar» (el embargo dispuesto por ese organismo vence a los 30 días). «Cuando al juez dictamine a favor», el organismo pedirá una transferencia de lo embargado a sus arcas. «Son juicios seguros porque la plata está retenida», leyó Montoya.

En paralelo, Montoya dijo que no se sorprenderá si el embargo de cuentas dispara nuevos fallos en contra, luego de los pronunciamientos judiciales que cuestionaron los secuestros de vehículos. «Si el paquete de medidas es inútil, no genera problemas; el ruido generado nos tranquiliza», aseguró.

En este rubro, el funcionario afirmó que los operativos de secuestros de vehículos sufrirán una impasse desde el lunes, a la espera de ver la suerte que correrán los más de 20 mil estados de deuda y código de pagos emitidos desde el pasado viernes (incluidos 300 correspondientes a los vehículos en condiciones de ser secuestrados), luego del episodio en el cual un contribuyente se negó a que le secuestraran el auto ante las cámaras.

En otro orden, el recaudador le aseguró a Ambito Nacional que «no será flexibilizada» la ley de superpoderes, como trascendió esta semana. «Lo que hay que cambiar es la cabeza de los jueces», contraatacó. Además, aclaró que no se plasmará en los hechos «por ahora» la iniciativa -con la que está de acuerdo- que contempla la creación de una Agencia de Ingresos Públicos Autónoma, independiente del Ministerio de Economía provincial.


Escribe
Silvina Kristal