2 de junio 2004 - 00:00
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Los bonaerenses atribuyen el paro al aumento que dio Kirchner a los empleados estatales nacionales sin consultarlo previamente con los gobernadores, quienes ahora deben sudar la gota gorda para conceder algún tipo de mejora a sus envalentonados trabajadores.
El ministro de Trabajo, Roberto Mouilleron, advirtió que se dictará la conciliación obligatoria si, a pesar de los paros que realizan los empleados públicos bonaerenses, no se garantiza la prestación de servicios esenciales para la población.
El titular de la cartera laboral explicó que en las últimas horas se reunió con representantes de los gremios estatales para «pedirles que cumplieran con los servicios esenciales, y ellos sostuvieron que iban a garantizarlos».
Hoy, 20 gremios nucleados en la CGT regional iniciarán un paro de 48 horas en reclamo de un aumento salarial, en tanto los estatales nucleados en ATE, delegación provincial, pararán por 48 horas desde el jueves. Solá, por su parte, ratificó que no mejorará haberes mientras no reciba fondos que le adeuda la Nación.
Para colmo de males para el bonaerense, policías retirados rechazaron ayer en La Plata los proyectos de ley enviados a la Legislatura que incorpora civiles en el directorio de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía y el que modifica el funcionamiento de la Dirección de Servicios Sociales de la fuerza. Tras la protesta, el ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanián, pasó ayer a retiro obligatorio al presidente de la Caja de Pensiones, comisario general Miguel Angel Pérez. La medida alcanzó también al vicepresidente de la Caja, comisario mayor Jorge Ricardo Fernández, quien fue pasado a disponibilidad simple.




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