Hubo acuerdo por salar

Finalmente, el fiscal de Estado sanluiseño, Mario Alonso, y el apoderado de la empresa, Javier Martón, sellaron ayer el entendimiento, que fue elevado al gobernador justicialista Alberto Rodríguez Saá para su futura homologación. Ejes
El convenio determina que CIBA SA desiste de todas las acciones judiciales entabladas contra el Estado provincial mientras que, en paralelo, se acordó la realización de las obras proyectadas por el gobierno a partir de un rediseño que se hará en función de un estudio hídrico.
«Al Estado provincial, que en ningún momento intentó poner en riesgo la actividad de la fábrica, le asiste la obligación y el derecho de proteger el equilibrio ecológico», dijo Alonso para señalar que «los intereses de la empresa están garantizados».