Inicia PJ operativo retorno en San Luis

El documento está siendo confeccionado por nueve senadores provinciales y algunos dirigentes, demandó un mes de preparación e intenta exhibir cómo llegó el PJ a los comicios del 23 de octubre y cómo se encuentra en la actualidad. Los impulsores procuran además, y éste es un dato clave, abrir el diálogo con la dirigencia que se alejó del partido. Entre ellos se encuentra el veterano dirigente Oraldo Britos, quien reclama, a cambio, que el congreso partidario levante la medida expulsiva que pesa en su contra. Britos, senador ininterrumpido entre 1983-2003 y antes entre 1973-1976, fue expulsado en abril de 2004 del PJ, acusado de «traidor».Bien alejados de los «díscolos» se ubican algunos dirigentes que ahora se atribuyen la representación kirchnerista. «Dicen que se sienten cómodos donde están parados y que son la renovación del justicialismo con su propuesta superadora, y que no piensan volver», se quejan los voceros del operativo «retorno».
En rigor, el operativo comenzó a cobrar forma cuando el presidente Kirchner, luego de una larga disputa, reconoció la deuda que el Estado nacional mantenía con la provincia por los fondos en dólares atrapados en el Banco Nación durante el «corralito» financiero. El reclamo lo inició el 5 de marzo de 2003 la entonces gobernadora Alicia Lemme, pero el conflicto recién se resolvió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró la inconstitucionalidad del decreto 214/02 que pesificó los ahorros, y ordenó a la entidad bancaria devolver a San Luis los fondos en su moneda de origen, o su equivalente en pesos. En ese contexto, el 28 de setiembre el presidente Kirchner, el gobernador Rodríguez Saá, el ministro del Interior Aníbal Fernández, y la por entonces titular del Banco Nación, Felisa Miceli, firmaron un convenio para la devolución de $ 1.023 millones, 60% en efectivo y 40% en BODEN 2013 en dólares. Durante el mismo encuentro, Kirchner-Rodríguez Saá sellaron un acuerdo de financiamiento federal de obras hídricas para la provincia por $ 170 millones, a través del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica. Los documentos fueron luego ratificados por la Legislatura provincial.