28 de diciembre 2005 - 00:00

Justicia habilitó convencional

La instancia previa al desarrollo formal de la Convención Constituyente estuvo empañada por un duro enfrentamiento judicial entre el oficialista Movimiento Popular Neuquino (MPN) -impulsor de la reforma-, en sintonía con los radicales que responden al intendente de Neuquén, Horacio Quiroga, y el Interbloque de la oposición, que aglutina al Frente Cívico para la Victoria, Unión de los Neuquinos, Patria Libre y Encuentro Amplio.De hecho, las deliberaciones se reanudaron ayer luego de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia revocó el lunes, pasadas las 22, un fallo de la Cámara Civil 1, que había suspendido la semana pasada el funcionamiento de la Convención Constituyente en favor del reclamo opositor.
El viernes pasado, la Cámara hizo lugar a un amparo del Interbloque y suspendió el funcionamiento de la Comisión de Reglamento por entender que «su composición vulneró la representación política» de los bloques.
Ese día, la medida judicial fue desconocida por el presidente de la Convención y gobernador provincial,
Jorge Sobisch, y, paralelamente, la Fiscalía de Estado apeló al Tribunal Superior de Justicia.
Ayer, en cambio, la Justicia falló en beneficio de la postura oficial y, por eso, quedaron constituidas siete comisiones: Redacción; Reforma Política, Poder Judicial y Organos de Control; Peticiones, Poderes, Reglamento y Presupuesto; Régimen Federal y Municipal; Declaraciones, Deberes y Garantías; Régimen Económico, Servicios Públicos, Recursos Naturales y Medio Ambiente, y Educación, Cultura y Desarrollo Humano.
En este escenario, el Interbloque de la oposición anticipó que planteará ante la Corte Suprema un recurso extraordinario por juzgar que fue vulnerada su representación política en las comisiones.
Por su parte, y con el aval judicial,
el MPN podrá avanzar en el proyecto de reforma integral de la Constitución, con el que intentará modificar 258 de los 313 artículos del texto constitucional. Uno de los aspectos más polémicos de la iniciativa es la reforma del régimen económico, porque propone que sea el Estado provincial el poder concedente en la explotación de los recursos naturales.
Incluye en esa propuesta a las áreas que están bajo la esfera de Parques Nacionales, lo que anticipa un enfrentamiento por el manejo de esos recursos con el Estado nacional.

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