Lanusse busca reformular ahora el máximo tribunal

En paralelo, mañana encabezará Lanusse la segunda reunión de gabinete de la intervención, en la que se abordará otro tema clave: qué hacer con los «ocupas» que se apropiaron de viviendas -dicen- instigados por el juarismo ( aunque también, según reconocieron fuentes federales, hubo quienes lo hicieron «de manera espontánea»). Ayer se denunció que familias indigentes pagaron entre 50 y 200 pesos para acceder a una de las viviendas usurpadas. En este marco, y según trascendió, este fin de semana Gendarmería pudo evitar el saqueo de galpones con comestibles y material quirúrgico.Fue en este contexto que el interventor comenzó la ronda de consultas con los distintos sectores políticos de la provincia, fundamentalmente con los intendentes a quienes Lanusse prometió «no intervenir».
Prueba de ello es la reunión que mantendrá en las próximas horas Lanusse con el mandatario de Termas de Río Hondo, Luis Guillermo Ceres, uno de los más juaristas. En tanto, la reformulación del máximo tribunal santiagueño constituye una de las principales preocupaciones del interventor y su gabinete dado que la inacción de la Justicia fue uno de los motivos esgrimidos para justificar la intervención.
Lanusse viajó ayer a Buenos Aires, según consignaron fuentes oficiales por «cuestiones personales», y está previsto que hoy regrese a la provincia.
En tanto, la ex gobernadora Aragonés y su esposo Juárez continuaban ayer cumpliendo arresto domiciliario, aunque el juez federal Angel Toledo autorizó que sean visitados por familiares y su médico personal, el diputado nacional y dirigente juarista Juan Domingo Pinto Bruchman. El primero en prestar declaración, posiblemente mañana, será el cinco veces ex gobernador Juárez, quien será interrogado por la desaparición de 30 personas durante su tercera gestión (1973/1975), entre ellas la del concejal peronista Emilio Abdala, y por las muertes dudosas del obispo Gerardo Sueldo y el ex gobernador César Iturre. Al día siguiente será «Nina» quien deberá responder por el cobro supuestamente irregular de más de 505 mil pesos en concepto de una jubilación incompatible con el ejercicio de la función pública y por el saqueo de la casa e intento de asesinato del diputado nacional José Figueroa (PJ).
Otro conflicto que Lanusse deberá resolver en los próximos días será la continuidad de la jueza María del Carmen Bravo al frente de la causa por el doble crimen de La Dársena, principal detonante que derivó en la crisis institucional e intervención a la provincia.
En tanto, Lanusse aseguró que por el momento no tiene previsto avanzar con la intervención de municipios de la provincia aunque señaló que «es una facultad» con la que cuenta al tener potestades legislativas.
Por su parte, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSE) reclamó ayer al flamante interventor «la tenencia y uso de los tierras y programas sociales» para las comunidades de campesinos e indígenas. No es el único sector que se encuentra en conflicto con el Estado santiagueño. Los docentes decidieron no avanzar con el paro que tenían previsto, pero permanecen en estado de alerta en función de sus reclamos salariales.