30 de septiembre 2004 - 00:00
Lenta adhesión a la ley fiscal
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No se trata de un tema menor, ya que de la aprobación legislativa de la Responsabilidad Fiscal depende el acceso de cada provincia a la renegociación con Nación de su deuda pública.
La ley fiscal en cuestión (N° 25.917) fue aprobada en el Congreso Nacional el 5 de agosto pasado y significa una importante señal de Néstor Kirchner hacia el FMI, que aceptó la implementación de esta herramienta como una suerte de remiendo ante el empantanamiento de la creación de una nueva Ley de Coparticipación Federal.
La Responsabilidad Fiscal comenzará a regir el 1 de enero de 2005 y contiene una serie de controles y restricciones para la economía provincial, entre los que resalta el tope impuesto a cada distrito para que sus servicios de deuda no superen 15% de los recursos corrientes.
Este punto es el que más preocupa a unos once distritos (Formosa, Jujuy, Córdoba, San Juan, Río Negro, Corrientes, Chaco, Misiones, Tucumán, Buenos Aires y Entre Ríos) que, a priori, no podrían cumplir con el requisito de 15%. Cuentan, en tanto, con la promesa del Presidente de una aplicación «gradual» de la ley, así como con la activación de una renegociación.
Claro está que, tanto la renegociación de los pasivos
-hay vencimientos de
$ 8.700 entre 2005 y 2006- como el acceso a financiamiento -por medio del llamado «convenio bilateral»- están atados a la adhesión legislativa a la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Ingresando en la recta final del año, en el resto de las provincias, la discusión legislativa está bastante retrasada, ya que, según esgrimen en el interior, aún falta la reglamentación de la ley fiscal. A su vez, en el marco de una discusión política que se dilata, los parlamentos provinciales introducen algunos reparos o modificaciones sobre el escrito aprobado en el Congreso Nacional.
Por ejemplo, Jujuy incluyó que las autoridades municipales no puedan disponer de un gasto en personal que supere 65% de sus ingresos corrientes; en tanto que durante los últimos doce meses de cada gestión de gobierno, los Ejecutivos municipales no podrán habilitar actualizaciones salariales ni de personal.
Por su parte, en un caso como el de Misiones, el Ejecutivo ya giró a la Legislatura el proyecto de adhesión, en el cual se agrega un ítem que ordena una investigación sobre origen y legitimidad de la deuda pública misionera. Aun así, los legisladores opositores, que gobiernan las acciones en la Cámara, frenarían por el momento el tratamiento.




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