Malestar en la gestión de Jorge Macri: la deuda por coparticipación con CABA quedó afuera del Presupuesto 2026

El ítem formaba parte del capítulo 11, que fue rechazado por la Cámara de Diputados. "Fue un grave error que se incluyera el tema en ese pasaje", dicen en Ciudad. Y advierten: "Los fallos de la Corte Suprema se cumplen".

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

La caída del capítulo 11 del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados incrementó la tensión entre el Gobierno y sus aliados del PRO. Sucede que en ese entramado, además de la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, también figuraba la deuda que Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires en concepto de coparticipación federal.

Aunque el oficialismo logró la aprobación en general del proyecto, tanto con votos propios como de legisladores aliados, la suerte fue distinta cuando se abordó el pasaje más sustancial de la iniciativa. La propuesta libertaria cayó abatida por 123 sufragios, contra los 117 que cosecharon las tropas violetas. De esta manera, el triunfo tuvo sabor agridulce y hoy cundía la furia en Casa Rosada, donde aducían que el texto de poco sirve en su nueva versión.

El recibo también llegó a territorio porteño, donde vieron cómo el acuerdo con Javier Milei para saldar la deuda por coparticipación se desmoronaba como un castillo de naipes. Actualmente, la administración de Jorge Macri le reclama a Nación -fallo previo de la Corte Suprema- cerca de $350.000 millones. La acreencia fue incluida en el pasaje del Presupuesto 2026 rechazado por la Cámara baja y encendió las alarmas en la calle Uspallata.

Bronca en la Ciudad con La Libertad Avanza

Por estas horas, en despachos amarillos masticaban bronca. "Fue un grave error que se incluyera el tema de la Coparticipación de CABA en ese capítulo. Debería haber tenido un capitulo especial y ser tratado de manera diferenciada", explicaban.

No obstante, aclararon que "seguirán trabajando incansablemente parra que el Gobierno nacional cumpla con la cautelar de la Corte Suprema". Y agregaron: "Cumplir con los fallos de la Corte Suprema es una obligación". Menos institucional, un funcionario de CABA bramó: "Lo que hicieron fue una locura".

Un diputado del distrito se sumó a las quejas. "Quisimos incluirlo en el Presupuesto para que sea más formal, pero acá ya hay un fallo judicial y tienen que acatarlo", se quejó. "No nos van a extorsionar por meternos el fallo que tienen en contra". Esto es extorsión y si un país va a funcionar así... esto es lo peor de la casta", completó la voz.

Ahora, pondrán especial atención a lo que ocurra en el Senado, donde esperan meter mano en el texto. El panorama no es del todo favorable. El oficialismo porteño no tiene legisladores propios allí. Dos bancas son de Patricia Bullrich y Agustín Monteverde, ambos de LLA, y una del peronista Mariano Recalde.

El malestar gira en torno a que varios gobernadores dialoguistas ya habían expresado que acompañarían el Presupuesto 2026, pero que votarían en contra de las derogaciones de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario. Por eso, se entendía que el capítulo 11 del documento podría caer en desgracia, tal como finalmente sucedió.

Como contó Ámbito, la deuda que el Gobierno nacional mantiene con la Ciudad no estaba en el proyecto original del Presupuesto. Finalmente, tras negociaciones entre el PRO, con Cristian Ritondo a la cabeza, y La Libertad Avanza (LLA), la cuestión fue incluida en el articulado que llegó al recinto.

La génesis del conflicto data del 2016, cuando el por entonces presidente Mauricio Macri aumentó el porcentaje de coparticipación que percibía la Capital Federal de 1,4% a 3,7%, con la excusa del traspaso del área de Seguridad. Posteriormente, en 2020, Alberto Fernández retrotrajo esa medida y llevó el guarismo a 2,3%, en búsqueda de fondos para contener un conflicto con la policía bonaerense en la provincia de Buenos Aires.

El hecho abrió una dura disputa entre Fernández y Horacio Rodríguez Larreta -a cargo del Ejecutivo porteño en ese periodo-, quien judicializó la iniciativa. En marzo del 2023, todavía durante el gobierno del Frente de Todos, la Corte Suprema hizo lugar a una cautelar presentada por la gestión porteña, estableciendo en 2,9% el monto para el distrito.

En septiembre del 2024, ya durante la era Javier Milei, la administración porteña y nacional suscribieron un acuerdo que estableció el pago del 2,95% de la coparticipación. En el mismo, se convino que los desembolsos se realicen de la siguiente manera: 1,40% en por goteo diario y 1,55% en forma semanal.

Recientemente, en noviembre pasado, Jorge Macri se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, para avanzar en un acercamiento entre las partes. Tras ese encuentro, empezó un trabajo conjunto entre los equipos técnicos de ambas gestiones. Luego, el 4 de diciembre, Diego Santilli y Manuel Adorni recibieron a Macri en la Casa Rosada para apuntalar su respaldo a la "ley de leyes".

Aunque las escuderías violetas y amarillas fueron aliadas electorales en territorio porteño, lo cierto es que la convivencia es tirante. Ejemplo de ello es que la gestión PRO tuvo que hacer cambios a pedido de los libertarios para lograr aprobar su Presupuesto en la Legislatura. Además, la crew presidencial -comanda por Pilar Ramírez- insiste con el tratamiento de una ley Bases local.

Ruidos entre La Libertad Avanza y el PRO

Lo ocurrido con la coparticipación porteña no fue el único ruido entre mileistas y macristas. Los diputados oficialistas colaron una votación para nombrar a los tres representantes de la Auditoría General de la Nación (AGN) en Diputados, hecho que se plasmó en un acuerdo con Unión por la Patria (UP) e Innovación Federal, bloque donde coexisten legisladores que reportan a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones).

Así las cosas, el recinto votó la repartija de sillas en la AGN: una para la libertaria Rita Almada, otra para el peronista Juan Forlón y una tercera para la salteña Pamela Calletti, cercana a Sáenz.

El entendimiento dejó en offside al PRO, que por estas horas mastica bronca y hasta amenaza con judicializar la cuestión, incluso anticipando que podría no acompañar próximas iniciativas de la Casa Rosada.