Motín: senadores piden intervenir la Justicia

El bloque de la Unión Cívica Radical del Senado de la Nación presentó ayer un proyecto de ley para declarar la Intervención Federal al Poder Judicial de la provincia de Santiago del Estero. El proyecto fue propuesto por el senador santiagueño José Zavalía, enfrentado políticamente al gobernador radical Gerardo Zamora, pero cuenta con las firmas de todos los integrantes del bloque radical de la Cámara alta.
De acuerdo con la iniciativa, en Santiago del Estero «el Poder Judicial no garantiza el servicio de justicia contemplado en la Constitución nacional».
En los considerandos del proyecto, Zavalía afirmó que en su provincia «existe un avasallamiento de los Poderes Legislativo y Ejecutivo sobre la autonomía e independencia del Poder Judicial», y agregó que hay una «denegación del acceso a la Justicia cuando sus fallos resultan adversos a los intereses de los otros poderes».
El proyecto, además, declara «en comisión a los miembros del superior tribunal de Justicia y a los demás integrantes del Poder Judicial» de la provincia.
La iniciativa impulsada por el bloque radical también establece que la intervención al Poder Judicial santiagueño «tendrá un plazo de ciento ochenta días, prorrogable por igual plazo por decreto del Poder Ejecutivo Nacional».
En paralelo, el nuevo subsecretario de Justicia del gobierno de Zamora dispuso el pase a disponibilidad de tres guardiacárceles del Penal de Varones Nº 1 ante la sospecha de que podrían haber tenido «un grado de participación, en forma directa o indirecta» en el trágico motín del domingo 4 de noviembre, en el que murieron 33 reclusos.
Ramiro Santillán, quien reemplazó a Santiago Nasiff, concretó de esta manera el primer paso efectivo del gobierno desde que se declaró el estado de emergencia carcelario que faculta a las autoridades a tomar medidas que apunten a reorganizar el sistema.
Los considerandos de la resolución señalan que «del análisis de tal informe surge que el Cuerpo de Asesores, designados en el marco del convenio de cooperación técnica celebrado entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Gobierno de la provincia, solicitan se ordene la disponibilidad preventiva de los oficiales».
El documento indica también que «previo al dictado del presente, el comité provisorio de diagnóstico y normalización del Servicio Penitenciario Provincial procedió a separar de sus funciones mediante el otorgamiento de la licencia anual».