Buenos Aires - El Gobierno nacional concretó ayer la transferencia a la órbita de la provincia de la empresa de distribución eléctrica Edelap, que brinda servicios a 300 mil usuarios de La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Magdalena, Verónica y Punta Indio.
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La efectivización del traspaso se produce en medio de la revisión de los subsidios a los servicios públicos, y cesión de concesiones a otras jurisdicciones, como los subtes a la Ciudad de Buenos Aires.
A partir de ahora, la compañía deberá establecer un nuevo cuadro tarifario con el Gobierno de Daniel Scioli. Se trata, en rigor, de un esquema complejo debido a la dispersa geografía de la distribución.
La medida, publicada en el Boletín Oficial con la firma de Cristina de Kirchner, Aníbal Fernández, y Julio De Vido, transfiere además al Gobierno bonaerense el contrato de concesión que el Estado nacional firmó con Edelap en 1992. En aquel momento, el área atendida hasta entonces por Segba fue dividida en tres concesiones nacionales: Edelap, Edenor y Edesur.
El traspaso está sustentado en el acta acuerdo firmada el 18 de marzo último por De Vido, la ministra de Infraestructura bonaerense, María Cristina Álvarez Rodríguez, y el presidente de Edelap, Jesús Bolinaga Serfaty.
Ese documento faculta a la Secretaría de Energía de la Nación y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad a dictar normas complementarias a la trasferencia.
Esa acta indicó que «con el ánimo de establecer una postura adecuada a la luz de lo que se conviene en el presente acuerdo y lograr uniformidad de criterios en relación con el servicio público de energía eléctrica provincial, resulta imprescindible que el actual proceso de Revisión Tarifaria Integral de la empresa Edelap, así como todo proceso de actualización de costos que se encuentre en trámite, sean transferidos a la provincia de Buenos Aires».
La semana pasada AES anunció la firma de un acuerdo por el que se desprenderá del control accionario de Edelap, además de otra distribuidora, Edes, y la generadora Central Dique.
Las empresas quedaron en manos de Power Infrastructure, una compañía liderada por el empresario venezolano Miguel Mendoza y el argentino Alejandro Ivanissevich.
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