Niegan presión del BM para aumentar tarifas

Según manifestó ayer el vicegobernador cordobés Juan Schiaretti, el BM «no exige ajuste de tarifas» y «el gobierno provincial ratifica que ni por asomo va a analizar el ajuste antes que lo haga Nación». Explicó al respecto Schiaretti que «en Córdoba, quien debe analizar la situación de las tarifas, como todos los servicios públicos, es el Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP)», entidad en la que están representados el Poder Ejecutivo, la oposición política, las empresas y los usuarios, a través de las asociaciones de consumidores. Los dichos del vicegobernador cordobés remiten a la publicidad que tuvo un documento firmado por el presidente del BM, James Wolfenshon, en el cual se consignaban los requisitos que debía cumplir la provincia para que se termine de desembolsar el crédito de u$s 303 millones otorgado en 2000.Por su parte, el documento de la entidad crediticia también prescribe la implementación de un plan de combate a la corrupción, la firma de todos los contratos de concesión con las cooperativas, un incremento constante de la recaudación por sobre el IVA y la prohibición expresa de cualquier tipo de moratoria para los contribuyentes, entre las principales condiciones. En el ítem combate a la corrupción el BM señala a la provincia la necesidad de una sanción de una nueva ley de procuración y la reforma de los ministerios de Solidaridad, Producción y Finanzas. Al respecto, Schiaretti también señaló ayer que «lo que da cumplimiento a ese planteo fue la Ley que se sancionó con la creación de los Tribunales Anticorrupción hace unos meses».
Asimismo, el BM también se refirió al Banco de Córdoba (BCP), exigiendo que el Banco Central haya aprobado el plan de reestructuración del BPC y, simultáneamente se hayan dado los pasos necesarios para privatizar la unidad residual. En relación con la reforma impositiva, se establece que la provincia deberá recaudar dos por ciento por encima de la evolución de la tasa del IVA, según la base 1999. Además, Rentas no otorgará nuevas moratorias y tendrá que entrenar a los municipios en administración tributaria y catastral.