Para Gutiérrez, ''no es bueno que los jueces sean administradores''

Rafael Gutiérrez

El presidente de la Corte de Santa Fe y de la Junta que agrupa a todas las Cortes provinciales, Rafael Gutiérrez, pasó por Buenos Aires para asistir a la asunción del juez Juan Gemignani como integrante de la Cámara Nacional de Casación y habló con este diario sobre la situación de la Justicia en las provincias, los principales temas de la agenda judicial para 2012 y su apoyo a la propuesta de la Corte Suprema de Justicia tener una ley de rango constitucional que permita a la Justicia manejar su propio presupuesto.

Periodista: ¿Cómo es la relación actual entre los gobernadores y las Cortes en las provincias?

Rafael Gutiérrez: Creo que se ha logrado poner en órbita a algunos gobernadores. Siempre hay algún intento de los representantes del Ejecutivo, ante un nuevo mandato, de plantear sus propias reglas, introducir cambios en las Cortes de sus provincias, pero actualmente no hay ningún conflicto grave. Hubo algunas tensiones en Chaco, en Catamarca y en San Luis entre los gobernadores y los máximos tribunales de esas provincias, pero se han podido solucionar.

P.: ¿Qué temas serán importantes en la agenda judicial para el segundo mandato de Cristina de Kirchner?

R.G.: Un tema central que ya está apareciendo es el de la autarquía financiera. En la reunión de jueces del año pasado la Corte presentó un proyecto de autarquía financiera que tiene todo el apoyo de la Junta. Ya en las provincias hay algunos casos, y el ejemplo que hay a seguir es el San Juan porque la autarquía financiera tiene rango constitucional, siguiendo el criterio de la Corte de Costa Rica. Esto implica que hay un porcentaje del presupuesto provincial o nacional que está destinado directamente al Poder Judicial. En este sentido, lo importante es que esta autarquía tenga un piso mínimo para facilitar el funcionamiento de la Justicia.

P.: ¿Y desde la Junta Federal de Cortes cuáles son los principales objetivos?

R.G.: Lo importante de la labor de la Junta, más allá de sus actividades específicas, es el fortalecimiento político-institucional, tema en el que se ha evolucionado mucho en los últimos años, sobre todo porque se ha incorporado mucha gente en el Poder Judicial y eso ha fortalecido la independencia del Poder Judicial. La capacitación permanente es otro tema central, porque hace a la independencia de los jueces, ya que les permite resolver con mayor seguridad y justicia. Una sentencia justa es la forma que tenemos nosotros de asegurar la gobernabilidad democrática y la paz social.

P.: ¿Cuáles son los principales desafíos para los jueces en el contexto actual?

R.G.: Cada día es más difícil ser juez porque, no sólo ha aumentado la litigiosidad en forma cuantitativa, sino también cualitativa: las demandas judiciales son cada vez más complejas, como las que incluyen demandas sociales graves. Temas como el derecho al embarazo asistido, los medicamentos de las obras sociales son cuestiones que están siempre en el límite de la competencia del Poder Judicial, pero que pertenecen a la órbita de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Así como nosotros no toleramos la injerencia del poder político sobre la Justicia, tampoco es bueno que los jueces sean administradores.

P.: Desde la perspectiva de la Junta, para manejar este aumento de la litigiosidad, ¿es necesario reformar los códigos procesales vigentes?

R.G.: Indudablemente, se necesita una reforma global de todos los códigos procesales, y no sólo el penal, para poder agilizar los procedimientos y para evitar el exceso de formalismo que garantice la defensa en juicio, pero que no implique el entorpecimiento de las decisiones judiciales. Estamos en un momento de transición, pero estos cambios también implican inversiones en infraestructura. En Santa Fe, por ejemplo, estamos empezando a implementar el nuevo código, pero con necesidades de infraestructura que no sólo es una expresión de deseo, sino también con las decisiones necesarias para poder aplicarlo.