Pelean 11 provincias en rojo un tope a los embargos de Nación

Una de las posibles salidas que hoy esgrimen las provincias más comprometidas apunta a una solución que ya se aplicó en los llamados Planes de Financiamiento Ordenado (PFO) y significaría poner un límite de 15% a la afectación o embargo de los envíos de coparticipación que pueda hacer Nación a cada distrito para cobrarse deudas. Esto significaría que cada provincia se aseguraría el ingreso de 85% de coparticipación, a la vez que estiraría el plazo para el pago de sus compromisos con el gobierno federal. La propuesta permitiría, en principio, que ningún distrito vea afectados sus recursos corrientes más allá de 15%.
A riesgo de poner en juego futuras cosechas de recursos nacionales, como la que le arrancaron semanas atrás a Néstor Kirchner a cambio de apoyar el hoy congelado proyecto de Coparticipación Federal, aislando al bonaerense Felipe Solá en su reclamo de una mayor tajada, muchos gobiernos pretenden ir más allá y asegurarse por escrito su porción en el reparto de los ascendentes fondos de la recaudación federal una vez que dejen de regir los PFO el año próximo.
La opinión de muchos funcionarios apunta a que, Ley de Responsabilidad Fiscal mediante, Nación tendría a partir de 2005 un arma importante para presionar a las provincias, bajo la amenaza de sanciones ante un mal desempeño fiscal, que hoy ya se descuenta que afectaría al menos a once provincias.
Los vencimientos de deudas provinciales con la Nación ascenderán a $ 7.300 millones entre 2005 y 2006, siendo el gobierno central responsable de alrededor de 75% del total del rojo provincial. Es así que el ítem sobre «límites al endeudamiento de las provincias» del proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal elaborado por el Ministerio de Economía afecta directamente la relación Nación-provincias.
La aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal es uno de los requisitos solicitados por el FMI al gobierno nacional y, si bien tiene objetivos y alcances bien distintos, acelerar su tratamiento es hoy prioridad para los legisladores oficialistas (ver Ambito Financiero), en vista de que funcionará como una suerte de parche ante el empantanamiento dentro del Congreso de la nueva ley de coparticipación.
En caso de obtener sanción positiva en ambas cámaras, la responsabilidad fiscal comenzará a regir a partir de 2005 y, según cálculos de la consultora Economía & Regiones, unas once provincias inclumplirían con el requisito de sus deudas no superen 15% de los ingresos corrientes.
De hecho, algunas como Formosa y Jujuy -gobernadas por los justicialistas Gildo Insfrán y Eduardo Fellner- rondarían 30%. En tanto que San Juan, Río Negro, Tucumán, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Buenos Aires oscilarían, en ese orden, una afectación de 22% a 15%.
Según explica el informe de la consultora dirigida por Rogelio Frigerio (nieto), a partir de 2005 los servicios de deuda provincial aumentan 42 por ciento, al comenzar a amortizar el Bono Garantizado 2018 del canje de deudas provinciales y los préstamos del PFO 2003, que se agregan a los del PFO 2002.
Desde las provincias intentan que esta mitad del año que queda sirva para generar junto a la Nación alguna solución para los dos años complicados que se aproximan en materia fiscal, con vencimientos de deuda por $ 3.500 millones en 2005 y
$ 3.800 en 2006.