18 de octubre 2005 - 00:00
Piden frenar retenciones a exportación
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«A la luz de los dichos de Campos, evidentemente, tanto el presidente (Néstor Kirchner) como los miembros de su gabinete son sordos sociales. No escuchan las razones ni los reclamos de aquellos que sostienen sus familias a partir del trabajo diario», sostuvo la senadora nacional Delia Pinchetti de Sierra Morales (Tucumán-Fuerza Republicana) en declaraciones al diario tucumano «La Gaceta».
Argumentos
Según esta parlamentaria, los funcionarios nacionales «pretenden cumplir a cualquier costo con las presiones foráneas, aunque ello les cueste el trabajo genuino, la propiedad y la dignidad a un millón de argentinos». Por lo pronto, en una especie de reacción, las cámaras del Tabaco de Salta, Jujuy y Misiones ya pidieron al gobierno algunos beneficios para la presente campaña: la eliminación por seis meses de las retenciones a la exportaciones de tabaco, a fin de poder «colocar en el exterior los 12 millones de kilos que hoy están sin vender».
Esteban Amat, presidente de la Cámara del Tabaco de Salta, explicó que «a 70 días de comenzar el acopio 2005/2006, si no logra venderse el tabaco existente en los galpones de las empresas, habrá que ajustarse a un acopio trabado, lento, dificultoso, condiciones que para nada favorecerán a los productores», según manifestó al diario salteño «El Tribuno».
Amenaza
El dirigente tabacalero auguró además que «negros nubarrones se ciernen sobre la producción tabacalera si las empresas acopiadoras no logran vender los 12 millones de kilos de tabaco Virginia que tienen en stock de la campaña pasada».
El stock pendiente de venta que tienen las compañías significa entre u$s 30 y
u$s 35 millones que no ingresaron en las arcas acopiadoras. Esto se debe a que el precio de venta internacional del tabaco está hoy en el orden de los u$s 2,50 o u$s 3 el kilo, según clases y calidad.
Como las retenciones a las exportaciones de tabaco son de 10%, si el producto se vendiera normalmente el Estado nacional embolsaría unos u$s 3 millones. «Si la Nación deja de percibir u$s 3 millones por unas ventas determinadas y por un plazo de no más de seis meses, nadie se rasgará las vestiduras», razonó Amat.




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