Piden más fondos para la Justicia

Los representantes de la Corte estuvieron reunidos ayer con el ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco, a quien hicieron saber su postura por medio de un petitorio que incluía como punto principal la solicitud de mayor presupuesto.
Desde el Ejecutivo, aseguraron que se encaminan «hacia la búsqueda de soluciones para descomprimir la situación», con la «sistematización de los pedidos» para tratar «desde la vía judicial y legislativa las soluciones que están reclamando» los detenidos, según indicó Di Rocco.
Los reclusos habían elevado un petitorio días atrás, dando a conocer su situación y en la provincia se teme que la protesta crezca y llegue a incluir a más de 5.000 presos. En respuesta la Corte adelantó que «serán agilizadas al máximo aquellas causas en que se discuten criterios en que, eventualmente, se fije doctrina legal (por caso, constitucionalidad del artículo 24 del Código Penal: el dos por uno)».
Entre los pedidos que hacen los presos se encuentra la derogación total de la Ley 12.405 (conocida como «ley Ruckauf»), que otorga a los jueces la posibilidad de dictar prisiones preventivas en forma automática; equiparación de la pena de reclusión a la de prisión; creación de una ley procesal de excarcelación acorde con las pautas establecidas por los organismos de Derechos Humanos; creación de una figura procesal que sancione a los jueces; que se fije «un plazo razonable» de prisión preventiva o su cese después de los 24 meses. Además, en el petitorio, los presos afirman que 75% ciento de los detenidos son procesados, o sea que no tienen una condena firme.
Avalando la posición de los presos, el jefe del Servicio Penitenciario provincial, Fernando Díaz, calificó de «preocupante» la situación que se vive en los ocho penales y aseguró que «el reclamo es para con la Justicia. Como se sabe, 75% de nuestros presos no tiene sentencia firme».
El pedido de presupuesto que hizo la Corte es una respuesta a las declaraciones del Solá, que había dicho que no tenía «soluciones mágicas» para el reclamo de los presos, y traspasó la responsabilidad a la Justicia. «Históricamente el Poder Judicial ha requerido al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo los medios y recursos necesarios para poder cumplir adecuadamente sus funciones.» La Justicia «carece de facultades para definir su propio presupuesto», indicaron desde la Corte.
En este sentido, el presidente del bloque PJ en el Senado bonaerense, Federico Scarabino, presentó un proyecto de ley vinculado a la autarquía del Poder Judicial, para que sea la Suprema Corte quien defina su propio presupuesto anual, el cual podría ser de hasta 7% del total de gastos y recursos de la Provincia y no podría sufrir «modificaciones de ninguna naturaleza» por parte del Ejecutivo.