Polémica en Misiones por cambio en Tribunal Electoral

El tema preocupa mucho en el gobierno misionero, al punto de que el gobernador Carlos Rovira envió ayer una carta a Márquez Palacios, señalándole que «se ha ausentado de la provincia en tiempos en que la vida institucional del Estado pasa por uno de sus momentos más graves desde el recupero de la democracia» y que «pone en crisis la transparencia que debe exhibir una institución fundante del estado de derecho».Este fin de semana fue presentada la recusación de la recién asumida Poggiese de Oudín, quien es esposa del legislador y miembro del consejo provincial del PJ, Ernesto René Oudín, y los abogados oficialistas pretenden forzar la integración de un tribunal electoral que «nos garantice transparencia y claridad», según declaró a la prensa local la abogada y candidata a diputada provincial del FR Marlene Carballo. «El propio Código Procesal advierte sobre las causas de inhibición que comprenden a la magistrada, que tiene vínculos con una parte interesada en este proceso como su esposo diputado y autoridad partidaria del justicialismo», informó Carballo.
El cambio en la presidencia del Tribunal Electoral tomó por sorpresa al gobierno que aseguró que «utilizará toda la fuerza de la Constitución nacional, la Constitución provincial y las leyes vigentes para garantizar la imparcialidad de los jueces que tienen la responsabilidad institucional de permitirles a los ciudadanos de la provincia ejercer su derecho a que el proceso electoral en marcha concluya donde corresponde: el 28 de setiembre en las urnas y no en los pasillos de los tribunales», según reza un comunicado de prensa que fue difundido en la noche del sábado por el comando de prensa del FR.
Rovira, que proviene del PJ, pero en las elecciones del 28 de setiembre competirá como candidato a gobernador por fuera del partido, apoyado por el presidente Néstor Kirchner, alertó en su misiva a Márquez Palacios que «acciones judiciales para proscribir la voluntad de amplia mayorías de nuestra sociedad se encuentran en marcha, poniendo en severo riesgo el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos».