Protestas policiales en Santa Fe: el antecedente misionero y el "cortafuego" de los gobernadores

En 2024 un levantamiento de agentes en la provincia litoraleña puso sobre el tapete distintas problemáticas veladas. Diversas mandatarios tomaron medidas para evitar el efecto contagio. Reclamos se reiteran hoy en tierra santafesina.

Las protestas policiales en Misiones acapararon la atención del país en 2024. 

Corría mayo del 2024 cuando los docentes, estatales y trabajadores de la salud de Misiones se lanzaron a las calles exigiendo mejoras salariales. El hecho pudo haber pasado como una más de las tantas pulseadas entre los gobernadores y los gremios. Sin embargo, un acontecimiento puntual cambió de base la naturaleza del reclamo: la policía se plegó a las protestas.

Las manifestaciones contra el gobierno de Hugo Passalacqua se convirtieron en la primera gran revuelta de la incipiente administración de Javier Milei, que empezaba a probar el filo de su motosierra sobre las arcas provinciales. Durante más de dos semanas, el distrito litoraleño concentró la atención del país, con especial énfasis en la figura de Ramón Amarilla, el agente retirado que encabezó el scrum de los uniformados.

El episodio conjugó una serie de condimentos que derivaron en una tormenta perfecta. A la cuestión salarial, se le sumaron la rebelión contra los sindicatos oficiales, cuyos acuerdos paritarios fueron desconocidos por las bases. También la longevidad del oficialista Frente Renovador de la Concordia (FRC), escudería que tiene como hombre fuerte a Carlos Rovira, y que, con bemoles, comanda los destinos de Misiones desde hace más de 20 años, con el lógico desgaste que detenta el poder a cuestas.

Más allá de los entuertos provinciales, la situación también causó alarma en la Casa Rosada debido a que las protestas no provenían únicamente de sectores que confrontan de manera directa con Milei -como los gremios del Estado y afines- sino de la policía, que conforma buena parte de la base electoral libertaria. De hecho, el por entonces ministro del Interior, Guillermo Francos, había visitado la provincia a mediados de abril.

Durante 15 días, los uniformados mantuvieron un acampe frente al Comando Radioeléctrico que transformó la fisonomía y el pulso habitual de Posadas. Uno de los puntos más álgidos ocurrió cuando una caravana de patrulleros sublevados desfiló frente a la Casa de Gobierno local. La secuencia incluyó disparos al aire, cuyos tronidos quedaron registrados en videos caseros.

Como respuesta a la crisis, el oficialismo misionero movió a su base social y mostró músculo con una amplia convocatoria a la Legislatura provincial. La foto mostró a los hombres fuertes del partido renovador: además de Rovira y Passalacqua, estuvieron el vicegobernador Lucas Romero Spinelli y el hoy diputado nacional y exmandatario Oscar Herrera Ahuad.

Tras semanas de tensión, la puja se saldó con un nuevo acuerdo salarial con la policía. Algunas agremiaciones docentes estiraron las manifestaciones por varios días más, aunque ya sin el impacto inicial. Pero no fue el final. Posteriormente, distintos agentes fueron detenidos acusados de sedición, entre ellos, el propio Ramón Amarilla. Tiempos después, recluido en prisión, el dirigente desafió al rovirismo y lanzó su candidatura a diputado provincial al frente de "Por la vida y los Valores".

Ramón Amarilla lideró las protestas policiales en Misiones. Hoy es diputado provincial.

La Voz de Misiones

Amarilla sorprendió: se ubicó tercero, con el 19,8% de los votos, solo por detrás del FRC y de La Libertad Avanza (LLA). Algunas voces de la política vernácula apuntan a que Rovira impulsó su candidatura como una manera de propiciar la fuga de votos libertarios hacia expresiones más marginales. En cualquier caso, el exuniformado ganó una silla en la Legislatura y dos días después.

Más allá de que la revuelta se circunscribió únicamente a Misiones, los episodios pusieron en guardia a los gobernadores y exhibieron algunos temas solapados: los salarios policiales, la salud mental de los agentes y el siempre ríspido debate por la agremiación en las fuerzas de seguridad. A modo de cortafuegos, varios caciques salieron a anunciar mejoras.

Alfredo Cornejo (Mendoza), Axel Kicillof (Buenos Aires) y Gustavo Valdés (Corrientes) aumentaron sueldos de trabajadores de la función pública y ampliaron beneficios e ítems para las fuerzas locales, un cortafuegos para evitar réplicas en sus pagos chicos.

La protesta policial en Santa Fe

Hoy, aquellas tensiones veladas vuelven a ganar terreno, en este caso en Santa Fe, donde las manifestaciones policiales ganaron las calles en la capital provincial y, centralmente, en Rosario. Con reclamos salariales como punta de lanza, integrantes de las fuerzas, junto a sus familiares, protestaron en las principales ciudades. El hecho escaló rápidamente cuando un grupo de manifestantes impidió la salida de patrulleros a cumplir servicio.

Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad de Santa Fe.

Así las cosas, la infantería avanzó y se produjeron algunos incidentes. Entrado el martes, el gobierno de Maximiliano Pullaro salió a contestar a través de su ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, quien anticipó el pase a disponibilidad de al menos 20 agentes. "Estamos haciendo de todo para que investiguen posibles ilícitos penales de los funcionarios policiales y de estos grupos marginales y desplazados de la policía de Santa Fe", comentó el funcionario.

Aclaró, sin embargo, que entiende la naturaleza de las marchas y que trabajarán para subsanarlo. También que la sanciones no serán para quienes se manifiesten, ya que eso no constituye delito alguno, sino para "los casos graves y extremos: gente que abandonó su tarea y abandonó el servicio. Van a ser investigados y sancionados".

Cococcioni además cargó las tintas sobre "sectores de la fuerza que fueron desplazados por graves casos de corrupción". "Sobre este reclamo legítimo se montaron gente allegada a sectores desplazados de la policía de Santa Fe, en algunos casos vinculados a gravísimos delitos de corrupción, cuyos perpetradores están privados de la libertad", subrayó el dirigente.

Lejos de menguar, las concentraciones continuaban este martes frente a la Jefatura de la Unidad Regional II, donde decenas de patrulleros hacían sonar sus sirenas. Las fuerzas federales, en tanto, intensificaron su despliegue en Rosario para garantizar el patrullaje. Cococcioni reconoció que trabajaban de manera conjunta con la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva.

Monteoliva conoce de primera mano estos entuertos. En 2013 tuvo un breve paso por la cartera de Seguridad de Córdoba, que se extendió por tres meses. En diciembre de ese año renunció al cargo en medio de un levantamiento policial que dejó un saldo de dos muertos.

Aunque sin la magnitud de la revuelta misionera, la situación en "la bota" es un llamado de atención para el conjunto de los gobernadores, indistintamente de sus escuderías políticas. Con billeteras ajustadas, y en una permanente pulseada por fondos con Nación, distintos bolsones de malestar en sectores variopintos empiezan a hacer mella en el territorio.