31 de julio 2003 - 00:00

Provincias denuncian que se discrimina con quita en gas

Los principales cuestionamientos radican en torno a que -argumentaron- sólo están incluidos en el acuerdo 300 de los 2.000 distribuidores de gas licuado de todo el país, minimizando el área apta para percibir el beneficio. Hace cerca de un mes, representantes de los organismos de Defensa al Consumidor de los gobiernos provinciales habían mantenido un encuentro con su par nacional, Patricia Vaca Narvaja, donde le plantearon su preocupación por el aumento «desmedido e injustificado» de los precios del gas licuado en los últimos meses. Allí las autoridades nacionales se comprometieron a encontrar una solución en el corto plazo, que finalmente se anunció esta semana, en boca del secretario de Energía, Daniel Cameron.
Sin embargo, las quejas no tardaron en oírse. Por caso, desde Entre Ríos, el subsecretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales, Sebastián González, le planteó ayer a la cartera nacional que, dado el reducido número de distribuidores involucrados en el país, «resulta imprescindible saber cuáles son los que lo comercializarán en Entre Ríos con esta anunciada rebaja» para «no crear falsas expectativas sobre el tema». Y planteó la posibilidad de incluir en esta rebaja también a los tubos de 45 kilos. Además se quejó de que «las provincias no fueron notificadas formalmente sobre este acuerdo».
Por su parte, desde la cartera de Comercio chaqueña -en los pagos del radical
Angel Rozas-, aseguraron que la definición de sólo 300 puntos de distribución en todo el país «discriminaría a la mayor parte de la población del Chaco», además de hacer a un lado a la clase media, que utiliza cilindros de 45 kilogramos.
El director del organismo, Alberto Zaragoza, aseguró ayer que «no alcanza con rebajar el gas en garrafas de 10 kilogramos» y reclamó a Nación afrontar un trabajo integral. «Además sería intolerable que sea el Estado el que afronte los costos, porque según trascendidos, la rebaja de 25% se daría a cambio de quitas impositivas, por lo que las empresas no aportan un solo peso y siguen manteniendo sus excepcionales ganancias», denunció.

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