Provincias grandes demoran proyecto que reclama el FMI

Ni sí ni no
También Salta y La Pampadudan de dar el «sí» al proyecto que Nación necesita tener acordado con los gobernadores antes de que termine abril, una meta que el representante del FMI John Thorton está monitoreando de cerca desde la semana pasada.
En rigor, ese plazo estaba fechado para el 31 de marzo, por lo que el ministro de Economía, Roberto Lavagna, deberá pedir un waiver al FMI.
Hasta ahora estarían alineadas con el proyecto oficial las radicales (Chaco, Mendoza, Catamarca, Corrientes, Río Negro y Tierra del Fuego), y las gobernaciones de Jujuy, Formosa, Santa Cruz, Chubut, La Rioja, San Juan, San Luis, Entre Ríos, Santiago del Estero y Tucumán.
La mayoría de las provincias chicas fue convencida a base de beneficios puntuales y coyunturalmente indispensables para estos distritos.
Según las fuentes, estas provincias consideran que, como no hay cambios fundamentales en el esquema de reparto, es la administración central la más urgida de aprobar la ley. En tanto, cada distrito necesita sobrellevar económicamente el panorama inmediato y el financiamiento que les propone Nación les es indispensable.
Distinta es la posición de los distritos grandes y, sobre todo, la de la provincia de Neuquén cuyo gobernador Jorge Sobisch es un firme opositor a Kirchner. Los ministros de Economía de estas provincias ya fueron sondeados por John Dosdwortn, delegado permanente del FMI.
Por otra parte, hay casos como los de la Ciudad de Buenos Aires que piden el cumplimiento de algunos puntos para avanzar en el diálogo. Y aseguran que, tal como está planteado el proyecto, la firma se hace inviable. En este caso, el distrito que administra Aníbal Ibarra quiere ser incluido en la distribución secundaria de recursos al igual que las provincias, un esquema que le permitiría alcanzar -según su principal negociadora la secretaria de Hacienda y Finanzas, Marta Albamonte- niveles de coparticipación acordes con lo que aportan sus tres millones de habitantes.
Mientras tanto, el gobierno de Kirchner juega con los siguientes plazos:
c En no más de 15 días aprobación total de los gobernadores.
c Antes de que concluya mayo, el proyecto debe estar en el Congreso.
c En agosto sería la aprobación definitiva por las legislaturas provinciales dado que la coparticipación debe ser sancionada como Ley Acuerdo, es decir, que debe tener sello de los parlamentos del interior.
El problema, señalan en las provincias, es que el proyecto no cambia la esencia del sistema de reparto de impuestos. Por el contrario, hasta crea fondos que Nación podría usar discrecionalmente para seducir políticamente a provincias e intendencias, algo que inquieta a las gobernaciones que rechazan el nuevo sistema como a las que firman y harán sus reparos vía el Congreso de la Nación.
En un sistema que recuerda la mecánica de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de la década pasada, el Fondo de Equidad Social previsto por el proyecto de coparticipación dispondría $ 2.400 millones que Nación estaría habilitada a dirigir al NOA y el NEA, y a los grandes conglomerados urbanos donde los actuales gobernadores tienen a sus respectivos enemigos políticos locales.
En el interior lo bautizaron «Fondo Margarito Tereré» porque es impulsado por la tropa de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, identificada con la insignia de una margarita. No es el único punto que las provincias díscolas objetan. Thorton escuchó la explicación en boca de los senadores y diputados nacionales la semana pasada en el Congreso cuando se reunió con las comisiones de Coparticipación y Presupuesto y Hacienda que prometieron colaborar.
c Las provincias grandes quieren más fondos que compensen su aporte por la retención a las exportaciones y por ser las que más recaudan, un tema que también habría cosechado el apoyo del ex presidente y bonaerense Eduardo Duhalde.
c Algunas, como Córdoba, quieren que también se les refinancie la deuda como se hace con distritos de menor envergadura.
c Santa Fe y Córdoba también piden que se les cubra el déficit previsional.