Según trascendió, la Corte promovería una «equiparación salarial» entre los jueces que en la actualidad cobran la indexación (116) y los que no la cobran (200), fijando un porcentaje de suba que guarde relación con los sueldos de la Justicia federal. Ahora, los indexados reciben 40% que sus pares no indexados.
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Cobos, por su parte, impulsa en el Presupuesto 2006 la autarquía del Poder Judicial que significa, por ejemplo, asignar un porcentaje fijo para los gastos generales de la Justicia, donde también estén incluidos los salarios. Pero en este aspecto, la Corte también pone sus reparos: condiciona la autarquía a un incremento sustancial de las partidas.
Cabe recordar que la provincia sometió a referéndum el 23 de octubre, en coincidencia con los comicios legislativos, el pago de la indexación de los magistrados y obtuvo un contundente respaldo: 84% votó a favor de la enmienda, que busca poner fin a un mecanismo que incrementa cada tres meses los sueldos de acuerdo con el índice de la inflación. La Junta Electoral giró en las últimas horas a Cobos el acta con los resultados definitivos del escrutinio del referéndum. El gobierno mendocino necesitaba esta acta para promulgar la enmienda. Pero la enmienda, al parecer, no es la solución del problema.
La suba de los salarios se implementó luego de un convenio que firmaron los magistrados con el gobernador Santiago Felipe Llaver en 1986 que, según advirtieron judiciales y académicos, «tiene valor de sentencia y no puede modificarse».
Pero el Ejecutivo de Mendoza no opina lo mismo. De hecho, el vicegobernador Juan Carlos Jaliff evaluó que «los derechos son adquiridos, pero no irrevocablemente». A partir de esta argumentación, el gobierno mendocino evaluaba presentar a la Justicia un pedido para que la indexación deje de pagarse a partir de 2006.
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