Riesgoso: provincias ya dan subas que reclaman gremios

Este escenario es consecuencia de la cercanía de las elecciones legislativas de octubre, que condicionan en mayor o menor medida las decisiones político-económicas de los gobernadores. Basta con mencionar, por caso, las últimas medidas vinculadas con aumentos salariales tomadas por al menos siete provincias. Esas decisiones -riesgosas para las finanzas públicas, especialmente en el marco de la vigencia de la Ley de Responsabilidad Fiscal- están sujetas a las sucesivas presiones gremiales y al incremento de las protestas sociolaborales durante las últimas dos semanas.
De hecho, hoy buena parte del país -a excepción, por caso, de San Luis- está dominado por paros y medidas de fuerza en demanda de un aumento salarial. Los gobernadores, en tándem, ya anticiparon su imposibilidad de otorgar una suba en consonancia con el reciente anuncio nacional de elevar a $ 630 el salario mínimo. De todas maneras, está visto (y probado) que no podrán sostener en el tiempo ese argumento merced a la delicada situación institucional que generan las confrontaciones con los gremios, especialmente como ya dijimos en un año electoral clave.
 Escenario
Un caso sintomático es el de Tucumán, donde el gobernador José Alperovich, azuzado por la amenaza de que se produzcan nuevos incidentes ante una eventual visita de Néstor Kirchner por los actos del 9 de Julio, anunció el viernes que a partir del mes próximo los 60 mil empleados públicos de la provincia percibirán un sueldo mínimo de $ 630, idéntico al piso salarial fijado por el Consejo del Salario. «Nos adheriremos a lo que dispuso Nación. A las palabras hay que cumplirlas», aseguró Alperovich sin precisar, sin embargo, cuál será el mecanismo legal que aplicarán para instrumentar la suba.
Para que todos los empleados públicos de la provincia puedan tener un sueldo mínimo de $ 630, la provincia necesita $ 72 millones anuales. De esta manera, el gobernador arriesga las finanzas locales por el solo hecho de evitar otro papelón como el del año pasado, cuando el Presidente fue recibido con violentos incidentes producto de una protesta (con matices de interna local) de estatales que exigían un aumento.
También Buenos Aires avanzó en los últimos días con una medida riesgosa, pero menos desbocada que la adoptada por su par tucumano. En aras de descomprimir la fuerte presión de los gremios estatales, Felipe Solá analiza la posibilidad de devolver a los empleados públicos la quita salarial efectuada durante el segundo semestre de 2003 con un esquema de pagos progresivos que se extendería durante dos años.
El reintegro de la quita salarial es evaluado por el gobierno provincial luego de que la Corte Suprema nacional dejó firme el fallo de la Corte provincial, que ordenaba reintegrar las quitas salariales practicadas entre julio y diciembre de 2003, en el marco de la emergencia económica bonaerense. Si bien la quita se concretó entre julio de 2001 y diciembre de 2003, sobre los sueldos superiores a $ 1.200, el máximo tribunal provincial ordenó la devolución sólo de los últimos seis meses.
Otro gobierno que neutralizó las incipientes protestas es el de La Pampa. Allí, los gremios estatales aceptaron la propuesta del gobierno de Carlos Verna de un aumento de 5% y acordaron abrir un espacio de diálogo para llevar progresivamente los básicos a $ 900. A esta propuesta se suma un monto de $ 10,35 millones que será repartido en la mayoría de los sectores de la administración pública, a excepción de salud y docente.
El caso de La Rioja muestra, sin embargo, connotaciones políticas, en una provincia dominada por la puja entre el oficialismo de Angel Maza y la oposición representada por Jorge Yoma y Carlos Menem. El mandatario anunció la semana pasada un aumento para todos los estatales, pero ese incremento no conformó a los gremios que desde el jueves activaron diversas protestas en reclamo de que se equipare con el mínimo de $ 630.
En Misiones, Carlos Rovira anunció que en el sueldo del próximo mes, los estatales percibirán un aumento. No se precisó aún si responderá a la cifra fijada por el Consejo del Salario, pero sí que afectará a todas las categorías de la administración pública, incluyendo jubilados, y será «gradual y escalonado a partir del 1 de julio».
Un caso que se da en el marco de un fuerte conflicto es el de Neuquén, donde el gobernador Jorge Sobisch calificó de «irracionales y desmedidas» las demandas salariales de los gremios ATE, ATEN y CTA; a lo cual recalcó que «no cederá». Aún así, accedió a discutir con los empleados estatales del Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN) la elaboración de un nuevo convenio colectivo de trabajo.
Por último, puede citarse la situación de Santa Fe, donde, tras dos meses de negociación, el gobierno de Jorge Obeid concedió un aumento salarial de $ 80 para médicos, psicólogos y bioquímicos.