Scioli resigna $ 765 millones por cambios en ley impositiva

Daniel Scioli

Buenos Aires - El acuerdo entre el Gobierno provincial y la Mesa de Enlace del campo para fijar un tope del 39% en el aumento del Impuesto Inmobiliario Rural y suspender el tributo para la carga y descarga en catorce puertos bonaerenses -iniciativas que Daniel Scioli había incluido en la reforma fiscal aprobada por el Senado hace 15 días- condiciona el Presupuesto 2010, que merced a esta marcha atrás se verá obligado a resignar unos $ 765 millones.

Por de pronto, los próximos pasos del equipo de Scioli incluyen enviar los cambios a la Legislatura para que se corrija la sancionada ley impositiva, además de retocar la propuesta para el Presupuesto del período que viene.

Proyecto

El gobernador había logrado que los diputados y senadores conviertan en ley el paquete fiscal, que contemplaba subas impositivas en diversas áreas e incluía la creación de nuevos tributos, con el fin de incrementar las arcas del distrito con más habitantes que toda la Patagonia en unos $ 1.800 millones anuales, de acuerdo con estimaciones oficiales.

De esa manera, la administración de Scioli accedía a contar con la posibilidad de definir un Presupuesto menos acotado para 2010, en el marco de las urgencias financieras que atraviesa la provincia -que prevé un déficit a fin de año de aproximadamente $ 5 mil millones-.

Sin embargo, el segmento agrario se plantó en pie de guerra haciendo notar su descontento con el incremento del Impuesto Inmobiliario Rural y el polémico gravamen sobre la actividad portuaria, los dos ítems que más impactarían sobre los productores, según advirtieron los representantes del agro.

La embestida del campo consiguió que el flamante ministro de Asuntos Agrarios, Ariel Franetovich, intercediera para que el Ejecutivo de Buenos Aires abandone el entusiasmo recaudador y limite el alza para el tributo a los inmuebles rurales (el proyecto original preveía subas de hasta un 130% en algunos distritos del norte y oeste de la provincia, y las entidades del agro pedían un tope del 35%). En tanto, también se acordó que doce localidades del sudoeste bonaerense quedarán exentas del aumento debido a la emergencia agropecuaria que rige en esa zona por la sequía.

La provincia pretendía recaudar con ese incremento $ 170 millones por año, pero con el nuevo tope del 39% obtendrá $ 155 millones.

Impuesto suspendido

Por otra parte, los dirigentes del agro también le arrancaron a los funcionarios de Scioli la suspensión del nuevo impuesto que se buscaba aplicar cada vez que se despacharan o se recibieran mercaderías en catorce puertos bonaerenses. El equipo económico de la provincia calculaba que podría engordar la billetera estatal con un aporte anual de cerca de $ 750 millones.

Además de los capítulos que provocaron la reacción del campo, la reforma fiscal contempla ajustes en Ingresos Brutos y en la forma de calcular el crédito fiscal en Concursos y Quiebras. Asimismo, contiene subas para el Impuesto Inmobiliario Urbano -aunque otorga exenciones a más de 900 mil familias- y también para el Automotor; crea un tributo «a la herencia» para el caso de que haya más de tres millones de pesos en juego y al pago de Sellos a la compra de autos usados, entre otros ejes. También apuesta a darle a ARBA la potestad por ley para secuestrar, sin orden judicial, vehículos con deuda de Patente.