Se politiza muerte de taxista en Ushuaia y crece tensión social

Fabiana Ríos

Tierra del Fuego - El crimen de un taxista durante un asalto en la ciudad de Ushuaia derivó en un hecho con fuertes connotaciones políticas. Ayer, la provincia quedó sumida en un paro general lanzado por la CGT y la CTA, en repudio al caso y en apoyo a la huelga convocada por los taxistas, mientras distintos sectores de la sociedad fueguina reclamaron la renuncia del ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu, en una masiva movilización -la mayor que recuerde la historia de la isla- frente a la Casa de Gobierno.

En paralelo, el Gobierno de Fabiana Ríos y la Municipalidad de Ushuaia resolvieron declarar asueto debido al clima que se creó por la muerte del trabajador. Mientras, el Ministerio de Educación suspendió ayer las actividades escolares en toda la provincia.

Los comercios de la ciudad, en tanto, adhirieron a un cierre masivo convocado por la Cámara de Comercio local.

En medio de la convulsión social y política, anoche arreciaban las versiones sobre una inminente renovación parcial del gabinete de Ríos, por pedido o sugerencia incluso del propio bloque del ARI de la Legislatura local. Sin embargo, el ministro Aramburu fue ratificado ayer en su cargo.

Las derivaciones del caso son, en rigor, consecuencia de una serie de hechos irresueltos, que arrancan con la desaparición de Sofía Herrera y culminan con la muerte del taxista.

Antonio Toledo, de 64 años, falleció el miércoles por la noche tras haber sido apuñalado y degollado durante un asalto mientras trasladaba a pasajeros hacia el Parque Nacional.

Por su parte, la flamante secretaria de Seguridad de la provincia, Graciela Argüello, anunció una serie de medidas que fueron plasmadas en un acta compromiso firmada con los representantes de la Asociación de Taxis, Remises y Choferes y de diversas cámaras empresarias. «La mayor prioridad» es esclarecer quién fue el autor del crimen», dijo en ese contexto la gobernadora.

En primer término, la funcionaria informó que se restringirá al máximo la cantidad de personal policial que cumple labores administrativas en las dependencias, de manera de abocarlos a tareas operativas en las calles. A esas tareas se sumarán fuerzas de seguridad nacionales.

Respecto del equipamiento para la Policía, Argüello confirmó que ya se licitó y ase adjudicó la compra de diez nuevos patrulleros, y que resta sólo la resolución final del Tribunal de Cuentas para poder contar con los vehículos.

También se presentará a la Legislatura un proyecto solicitando la ampliación de vacantes para la Policía, para que en un lapso de seis meses, después de ser aprobados los ingresos, haya nuevos agentes prestando servicios en las calles.

Además, desde el Gobierno se dispuso crear el Consejo de Complementación Provincial para la Seguridad Interior, al que estarán convocadas a participar todas las fuerzas con asiento en Tierra del Fuego.