Senadores estrella anotados para una comisión decorativa

En ese frente legislativo se acumulan los nombres de cada representante provincial, con un objetivo común: lograr definir los términos de la futura ley a partir de las exigencias de sus gobernantes y sintonizarlas con la propuesta de Nación.En paralelo, otro grupo redacta contra reloj las aspiraciones y condiciones del gobierno de Néstor Kirchner en este debate con ribetes históricos. Allí, en lo técnico, trabajan el vicejefe de Gabinete, Juan Carlos Pesoa; el secretario de Energía nacional, Daniel Cameron; y el secretario de Coordinación Técnica, Leonardo Madcur.
 Defensores
En el Senado las primeras negociaciones tuvieron que ver con la elección del legislador que tendrá a su cargo la nada sencilla tarea de defender, a capa y espada, la postura de su distrito.
Ya están anotados María Dora Sánchez (UCR Corrientes), Nélida Martín (PJ San Juan), los ex gobernadores Rubén Marín (PJ La Pampa) y Carlos Reutemann (PJ Santa Fe), el caudillo del PJ bonaerense Antonio Cafiero, Marcelo Guinle (PJ Chubut), Marcelo López Arias (PJ Salta), Ramón Puerta (PJ Misiones), Roberto Urquía (PJ Córdoba), Ernesto Sanz (UCR Mendoza), José Luis Zavalía (UCR Santiago del Estero), María del Valle Colombo de Acevedo (Frente Cívico de Catamarca), y Vilma Ibarra (Frente Grande Capital Federal). La mayoría estrellas, pero para una comisión que terminará siendo sede decorativa de la discusión de este proyecto demorado desde 1994.
El presidente de la denominada Comisión de Coparticipación Federal es el mendocino neokirchnerista Celso Jaque, que en diálogo con este diario explicó que los primeros días de abril «estará delineada la postura de las provincias». Y garantizó que la ley estará aprobada «a más tardar en agosto». Jaque es el intendente de Malargüe, departamento de Mendoza, coronado por las regalías petroleras. Será el bastonero de esta ley que no se discutirá en el recinto.
No es un dato menor. La encarnizada pelea por los fondos de coparticipación será uno de los temas del año. Y, quizá, la prueba de fuego en la relación entre las provincias y el gobierno de Kirchner.
Lejos de las sospechas que sobrevuelan los despachos de los mandatarios sobre la supuesta intención del gobierno de sólo dar un toque cosmético a la actual ley para satisfacer, en principio, las exigencias del Fondo Monetario Internacional, otro punto de desconfianza desvela a los caciques provinciales. Es la histórica puja entre los grandes territorios y los más pequeños. Por caso, ayer el gobernador salteño Juan Carlos Romero comenzó a motorizar un frente común de las denominadas «provincias chicas». Y blanqueó la duda junto a su par radical de Chaco, Roy Nikisch: «La puja no será entre las provincias y la Nación, sino que será entre las provincias grandes y las chicas», dijo.
Es una historia que tiene su anclaje en la posibilidad de que vuelva a instaurarse el fondo del conurbano, un obsequio que el ex presidente Carlos Menem le hizo a Eduardo Duhalde cuando éste era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Un sistema que compensó el desequilibrio por la gran masa de habitantes, al que pretenden sumarse ahora las otras «grandes», Córdoba y Santa Fe.
Lo concreto es que, en deuda con la Constitución nacional que establece que la nueva ley debía sancionarse en 1996, el debate en el ámbito legislativo ya activó la campana de largada.