Serio: un juez amenaza con liberación masiva de presos

Se trata del juez de Garantías de Sáenz Peña, Marcel de Jesús Festorazzi, quien concretó la intimación en un fallo en el que consideró que está «probado que se están agravando ilegítimamente las condiciones de detención» de los presos de la alcaidía de la Unidad Regional II de la Policía de Chaco. Además aseguró que está dispuesto a denunciar la situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por estos días, la unidad de detención alberga a 271 detenidos, casi un centenar más de los que su capacidad admite. Pero el gobierno provincial del radical Roy Nikisch asegura que ya tiene en proceso de licitación obras para llevarlas a 400 plazas, con una inversión de $ 250 mil. En la provincia hay siete alcaidías, ubicadas en Resistencia, Sáenz Peña (las más complicadas en materia de hacinamiento), General San Martín, Villa Angela, Castelli y Charata.
Ayer, desde el gobierno chaqueño reconocieron que la situación de la alcaidía de Sáenz Peña es preocupante, y en ese marco aseguraron que ya lanzaron un paquete de medidas para aumentar las plazas y mejorar las condiciones de detención tanto en esa alcaidía como a nivel provincial. «Se prevé refaccionarlas, refuncionalizarlas y optimizarlas para darles un perfil acorde con las nuevas exigencias», se aseguró.
«Lo que nos sorprende es el apresuramiento del juez en sacar ese fallo -cuando el 3 de marzo anunciamos el plan para mejorar la situación de la alcaidía de Sáenz Peña-, y sobre todo la advertencia de que podría dejar detenidos en libertad, lo que no hace nada bien al sistema en el contexto de la preocupación por la inseguridad», aseguró una fuente oficial.
Ayer, el ministro de Gobierno, Hugo Matkovich, aseguró que el gobierno provincial estudia presentar un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia provincial para plantear su doble disgusto por el fallo.
El funcionario adelantó además que la provincia reclamará al gobierno nacional el envío de recursos para fortalecer el sistema carcelario. Será en el marco de la reunión que las provincias del Nordeste mantendrán con autoridades del Ministerio de Justicia nacional en Corrientes el próximo 17 de mayo. «Se habla mucho del Plan Federal de Seguridad, pero poco de recursos», se quejó.
Fueron desalojadas ayer dos alas de la alcaidía de esa ciudad -destinadas a viviendas de jefes penitenciarios- y una oficina de criminalística. Fue una orden de Festorazzi, quien dispuso que allí sea reubicada parte de los 271 presos.
En su fallo, también el magistrado ordenó, entre otras medidas, que -a partir de ayer- no puedan ser alojados más detenidos en esa alcaidía policial. Y, ante el colapso del sistema carcelario, riesgosamente recomendó a las fiscalías de Investigaciones 1 y 3 «ajustarse lo más estricto posible sobre las restricciones de la libertad, en razón de la falta de condiciones dispuestas y exigidas en el artículo 18 de la Constitución Nacional».
El magistrado tomó esta resolución luego de iniciar de oficio una investigación sobre las condiciones de alojamiento en esa alcaidía, que cuenta con cinco pabellones, entre ellos uno de mujeres -algunas con bebés-; otro de acusados por delitos contra la integridad sexual y un tercero de máxima peligrosidad.
Tras una inspección en el lugar, Festorazzi detectó supuestas irregularidades en torno a alimentación, salud e infraestructura, además del citado hacinamiento. También vio deficiencias en la seguridad, ya que hay sólo seis guardias para cuidar a los casi 300 detenidos, lo que provocó que en los últimos cinco años se fugaran 52 presos, muchos de ellos condenados por delitos graves, como el de homicidio.