Solá le pidió a Nación que fije precios de referencia

Obedientes, los intendentes bonaerenses recibieron la bajada de línea de Solá, pero muchos de ellos igualmente no pudieron ocultar su escepticismo ante lo que entienden como medidas de vigilancia de precios difíciles de poner en práctica por una estructura municipal ya saturada por obligaciones en materia de educación, salud, generación de puestos de trabajo y seguridad. De hecho, este planteo sobre las dificultades que encuentran los municipios para convertirse en vigiladores de precios también fue manifestado por intendentes de varias provincias, incluido el cordobés Luis Juez, uno de los que más alzó la voz.
Respecto de los precios de referencia, en el encuentro de ayer se decidió además solicitar al gobierno de Néstor Kirchner que dé a conocer información sobre marcas y unidades de medida, y que se incorporen más productos a la lista, incluyendo materiales de construcción.
«Vamos a pedir al gobierno que existan precios de referencia, porque de lo contrario es muy difícil seguir si hay desviaciones en los productos que serán rebajados», señaló Solá.
Los mismos, según el mandatario, «deberán ser fijados por unidad, tipo de producto y zona geográfica, debido a que el que está a 500 kilómetros del lugar de producción puede tener un precio mayor por el transporte».
Asimismo, la lista tendría que contener también «el precio de producción, el mayorista y el minorista», para observar si hay distorsión en la cadena de comercialización.
Solá también convocó a los intendentes a «movilizarse en el marco de la ley» para evitar la suba de precios y pidió poner especial atención sobre las fiestas de fin de año «porque los que especulan están al acecho para incrementar precios si aumenta el consumo».
Por su parte, en sintonía con la ministra de Economía de la Nación Felisa Miceli, el gobernador bonaerense negó que las medidas que aplicará a través de los municipios signifiquen «establecer un control de precios», y aclaró que el seguimiento de precios «es un ejercicio legítimo de autoridad y ciudadanía porque se puede hacer mucho desde la representación popular para evitar un golpe inflacionario». «La provincia de Buenos Aires se va a movilizar para acompañar la decisión del presidente Néstor Kirchner», aseguró.
En la reunión de ayer también participaron el ministro de Gobierno, Florencio Randazzo, y la directora provincial de Comercio, Ana Serrano, y también se capacitó a los intendentes sobre las distintas herramientas legales que tienen a su disposición para denunciar infracciones a las leyes de competencia y de lealtad comercial.
La tarea de la llamada «Liga de intendentes» parece ser tomada por sus protagonistas como un trabajo demasiado arduo. «Ahora también somos inspectores de góndolas», bromeó ayer un intendente al salir del cónclave con Solá, en línea con la idea de que la actividad de vigilancia de precios excede los límites y posibilidades municipales, a lo que se agrega que en muchos casos las bocas de expendio que poseen no son formadoras de precios.
Aun así, saben los jefes comunales que deben tomar la responsabilidad y colaborar con las autoridades nacionales en la aplicación de la Ley Nacional de Lealtad Comercial, y tomar en sus manos actividades de contralor y denuncia ante la Dirección Provincial de Comercio.
Uno de los que sorprendió ayer en La Plata fue el intendente del turístico Municipio de la Costa, Juan de Jesús, que logró la firma de un compromiso entre la comuna y los empresarios y comerciantes del Partido de la Costa. El acuerdo implica el compromiso de mantener los precios hasta el 28 de febrero, siempre y cuando las condiciones macroeconómicas imperantes a la fecha no se alteren sustancialmente.
Pablo Domini
Luis Alonso