6 de octubre 2004 - 00:00
También Mendoza busca crear jurados populares
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En Mendoza, ambas iniciativas apuntan a un sistema «clásico» de juicios por jurados. El mismo se compondría por 8 o 12 miembros civiles -según el proyecto de la UCR o el del PJ, respectivamente-, que serían los encargados de determinar la inocencia o culpabilidad del acusado; en tanto que un juez técnico aplicaría la pena, acorde con el código.
Ambos muestran así diferencias con el caso de los «jurados populares» aprobados por la Legislatura de Córdoba el 22 de setiembre -con el apoyo de Juan Carlos Blumberg- ya que este último fija una conformación de 8 jurados civiles -4 hombres y 4 mujeres-, más 2 jueces, que determinarán si un acusado es inocente o culpable. En el caso de que la sentencia no logre acuerdo entre civiles y magistrados, «desempata» un tercer juez, fundamentando el fallo. Luego, son los tres magistrados los que determinan el grado de la pena.
El proyecto del mendocino Bruni establece la aplicación de los jurados civiles para casos penales, de delitos «aberrantes» como violación, abuso de menores, homicidio agravado y secuestro extorsivo. Por su parte, el senador peronista Daniel Cassia agrega en su iniciativa el ámbito civil, «muy especialmente en casos en que la Corte Suprema de Justicia se excuse o sea recusada».
Los integrantes del jurado, en tanto, tendrían como requisito una edad de entre 30 y 65 años y estudios secundarios completos. Para la UCR, la identidad de los mismos debería ser pública, en tanto que el PJ pretende que sea reservada.
El fuerte impulso a la modalidad de enjuiciamiento por jurados se da en Mendoza en el marco de fuertes diferencias entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Según el gobierno, motivada por el reclamo de una actualización salarial acorde con la inflación, la Justicia local paralizaría, haciendo lugar a acciones de amparos, importantes obras de infraestructura.
En este marco, trascendió en la provincia que los jueces no verían con mucho agrado la implementación de los juicios por jurados. Por su parte, desde el oficialismo mendocino aseguran en cambio que se estaría «oxigenando y legitimando al Poder Judicial, que hoy está divorciado de la sociedad», en palabras de Bruni.




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