También se autoacuarteló ayer la Policía de Chubut

A raíz del reclamo no hay vigilancia en las calles ni en los bancos de Comodoro, mientras que se realizaron manifestaciones en las ciudades de Telew y Puerto Madryn.

Cerca del mediodía, los efectivos de Comodoro Rivadavia rechazaron una segunda propuesta de aumento realizada por el jefe de la Policía de Chubut, comisario (R) Juan Ale, que consistió en elevar el sueldo neto a 1.190 pesos.

Los uniformados reclaman 1.500 pesos de sueldo básico y quieren comenzar a negociar directamente con el gobernador de Chubut, Mario Das Neves.

La medida de fuerza, que se inició el miércoles a la noche en Comodoro, se extendió con el correr de las horas y ayer a la tarde se hallaban en similar situación los efectivos de Rawson.

Los policía reclaman además del incremento salarial, «pago de antigüedad, de ascensos y monto por jerarquía y por responsabilidad para los suboficiales superiores, que cumplen funciones de encargado de turno».
También solicitan «el pago de recargo por servicio, la provisión de uniforme completo cada año y el retiro obligatorio con el 82 por ciento móvil con 25 años de servicio efectivo de trabajo».

 En tanto, en Santa Cruz, el acuartelamiento persistía en todas las ciudades, con excepción de las localidades que integran la cuenca carbonífera -Río Turbio y 28 de Noviembre- mientras que el gobierno de Sergio Acevedo garantizó el acto electoral del domingo.

• Orden garantizado

El mandatario advirtió que el orden en la provincia está garantizado por imperio de la Ley de Seguridad interior y por la existencia del Consejo de Complementación que colabora con el cuerpo policial, una estructura que permitió en la víspera desplegar efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura para resguardar dependencias y vía pública. Acevedo indicó además que la seguridad de las urnas la brinda el Ejército, por lo que relativizó eventuales complicaciones en el acto comicial.

La rebelión del personal de seguridad incluye ahora el pedido de renuncia del flamante titular de la fuerza, el comisario general retirado Wilfredo Roque, quien asumió el miércoles por la tarde. Los uniformados encabezan así un reclamo salarial que promete empantanarse ante la intransigencia del gobierno provincial que, por estas horas, enfrenta además piquetes en los yacimientos hidrocarburíferos próximos a Río Gallegos (ver aparte).

El propio Roque reconoció que «yo no puedo decir que a partir de mi asunción se levante espontáneamente la medida». Durante la ceremonia de asunción Roque anticipó que el ahora ex comisario Héctor Gregorio Lanesán «pasó a retiro voluntario», por lo que temporariamente quedará acéfala la subjefatura de la fuerza. «El nuevo subjefe no será designado hasta tanto veamos cómo continúa la situación (de autoacuartelamiento)», explicó Roque reforzando la hipótesis de que se pondrá en forma personal al frente de la rebelión. Cabe recordar que en los últimos quince días Lanesán, en ese entonces segundo de la Policía, reemplazó al comisario mayor Silverio Llamazares luego de la denuncia de un comerciante de Río Gallegos sobre presuntas irregularidades de la custodia presidencial que vela por la seguridad de Máximo Kirchner.

Ajeno al reclamo de los policías que exigen la renuncia de Roque para levantar el auto acuartelamiento, Acevedo evaluó que el nuevo jefe aportará una respuesta «altamente favorable que reencauce la jerarquía (de la fuerza).

Sobre la elección de Roque -hasta ahora delegado de la SIDE ante Río Gallegos-, el gobernador precisó que lo eligió por «su amor policial (sic)». En el orden local, el nuevo jefe recibe el mote de «supercomisario»: es un avezado piloto de avión, paracaidista, nadador y raidista de motojet.

En tanto, los policías que participan de la rebelión se declararon «autoconvocados» dado que la figura de «autoacuartelamiento» puede ser penalizada por «sedición» o abandono de persona y presentaron un nuevo petitorio, esta vez, bajo el monitoreo legal de dos letrados, Luis Cobos y César Amaya, quienes representan a los suboficiales y agentes de las zonas sur y norte de la provincia, respectivamente.

Los efectivos exigen un salario mínimo de $ 1.500 para los ingresantes y la recomposición de un plus por vivienda que les fue quitado en 2001. Piden además que ese plus se pague desdoblado según categoría y lugar de residencia (ahora reciben $ 400 pesos por todo concepto).