Carlos Prades, senador nacional y titular del radicalismo santacruceño, será el responsable de la presentación, que también planteará la inconstitucionalidad de una ley local (N° 2663), aprobada en diciembre de 2003, que habilitó que la rendición de cuentas de la «década kirchnerista», en lo que respecta a los fondos expatriados, se haya realizado «en el ámbito político de la Legislatura y no en el contable del Tribunal de Cuentas», según expresaron desde la UCR.
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En la presentación, el senador solicitará que se imponga al gobierno de Santa Cruz «darme el más completo detalle de las cuantías recibidas del gobierno nacional, su inversión, aplicación, las adquisiciones y ventas de acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales SA, la colocación de dichos fondos en bancos y/o entidades financieras del país y del exterior, suministrando el nombre y dirección de las instituciones, las cuantías giradas, las comisiones pagadas, las personas habilitadas para las operaciones, los intereses ganados y el más completo detalle de los movimientos efectuados desde el inicio hasta el día de la presente demanda, debidamente acompañado con copia auténtica de la documentación respaldatoria».
Pese a este amparo que hoy presentará Prades, los radicales no guardan demasiadas expectativas y aseguran que el conflicto será llevado finalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La vía legal se activa así nuevamente -ya hubo presentaciones que denuncian supuestas irregularidades-, luego del fallo emitido en julio por el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, en el que se daba fe de que los fondos depositados en el extranjero redondeaban los u$s 507 millones, pero que no tomaba en cuenta las operaciones ocurridas entre 1993 y 2003, durante el mandato de Kirchner.
Los números de los radicales son muy diferentes, ya que apuntan a que habría más de u$s 1.000 millones fuera del país. Hasta el momento, el oficialismo justicialista defiende su posición asegurando que unos u$s 600 millones habrían sido repatriados en los últimos cinco años y sumados al Presupuesto provincial, pero la UCR exige que se presenten documentos sobre estas transferencias.
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