Un nuevo fallo ordena devolver u$s 9 millones a un sindicato

El sindicato, que agrupa a unos cinco mil trabajadores, ya había obtenido una sentencia favorable a fines de 2002 de parte del Juzgado Federal de Bell Ville, que declaró la «inconstitucionalidad» de las restricciones a los depósitos bancarios y su posterior pesificación. La decisión de la Cámara llega en un momento particular que vive el Banco Provincia, en proceso de cambios que incluyen, según anticipó recientemente el gobernador José Manuel de la Sota, la posibilidad de buscar a un privado para el gerenciamiento de la entidad.Al fundamentar el fallo, la Cámara reiteró la posición que tomó desde hace tiempo, con respecto a la inconstitucionalidad de las restricciones a los depósitos bancarios, señalando que lo que comenzó como una anunciada restricción temporaria con el «corralito» del gobierno de Fernando de la Rúa pasó a ser un «verdadero despojo» con la pesificación.
El tribunal de segunda instancia dijo que la restricción original «terminó siendo un verdadero despojo, fruto de una conversión coercitiva y sustancial del negocio jurídico», con el «corralón» impuesto por la administración de Eduardo Duhalde.
 Otro amparo
También la empresa Generadora Córdoba SA, que es controlada precisamente por el gremio que conduce Eduardo Brandolín, presentó otro amparo por unos ocho millones de dólares. Sobre éste aún no hay un pronunciamiento en segunda instancia.
Si bien la Corte Suprema de Justicia ya se expidió a favor de la pesificación, el tema sigue pendiente de resolución final debido a que uno de los votos -el del juez Enrique Zaffaroni- sostuvo que los depósitos menores a 70.000 dólares debían ser devueltos en moneda de origen.
No se trata, en rigor, de la primera medida de este tipo adoptada por la Justicia. Numerosos fallos a favor de la devolución de ahorros en dólares fueron dictados en distintas partes del país a raíz de la «libertad de acción» generada tras el desacuerdo entre los camaristas del fuero Contencioso Administrativo en relación a fijar un criterio único sobre el fallo pesificador de la Corte Suprema de Justicia.