Vetó Duhalde ley de protección azucarera

Ayer fue el día clave, ya que en caso de no haber sido rechazada por el Poder Ejecutivo, la Ley 25.715 hubiera cobrado vigencia automáticamente, estableciendo una contención al ingreso de azúcar foránea y pautas para el precio del azúcar que son consideradas vitales para los azucareros de las provincias del Noroeste, donde al menos unas 40 mil personas están ligadas a la producción.Pero lo cierto es que Duhalde -alegando compromisos ya existentes con el Mercosur- determinó decir no a los pedidos de los azucareros de Tucumán, Salta y Jujuy, provincias que contienen casi la totalidad de la explotación azucarera argentina.
Según argumentan desde algunos de los principales ingenios norteños, la intención del gobierno es ir liberando parcialmente el mercado de aquí a 2005, lo cual -dicen- redundaría en un beneficio exclusivo de Brasil en detrimento de la producción local.
Brasil tiene en práctica un programa de subsidios sucroalcoholero y los números que manejan algunos empresarios argentinos indican que la zafra 2002-2003 brasileña será de entre 266 y 268 millones de toneladas de caña de azúcar, arrojando un excedente de 11%, el cual no podría ser colocado en mercados como Rusia y China, con lo que el vecino país pretendería introducirlos en la Argentina.
La ley vetada ayer había sido promulgada el 29 de noviembre pasado y prohíbe la modificación de los aranceles a la importación vigentes desde 1992 sin previa discusión en ambas cámaras del Congreso Nacional. Bajo esa legislación, Brasil se hubiera visto obligado a pagar impuestos por 20% para ingresar azúcar al país. Además, la ley contempla una estabilidad para el precio, enmarcándolo en un cálculo comparativo con el valor de los últimos 8 años en el mercado de Londres.
Hasta el momento, la herramienta con que cuentan los azucareros es el Decreto 797/00, el cual mantiene pautas similares a la ley vetada, pero significa un marco legal de mayor precariedad que debe ser renovado cada año. En la tarde del martes el gobernador tucumano, Julio Miranda, encabezó una comitiva junto a todo el sector azucarero norteño para pedir la promulgación de la ley. Ese día fue el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, el encargado de recibirlos y darles a entender veladamente que el desenlace no les sería favorable.