El diputado Miguel Serralta (PJ), autor del proyecto, aseguró que el registro «no viola derechos individuales porque sólo se les hará el estudio de ADN a personas que tengan sentencia firme». Se trata de información reservada sólo para jueces de todo el país y fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. Además, habrá un apartado para «autores ignorados», con huellas genéticas identificadas en las víctimas de delitos sexuales.
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