Estado promoverá y hará cumplir Ley de Semillas

"La Secretaría de Agricultura no persigue a los productores pero sí promueve para que todos usen semilla fiscalizada", sostuvo ante Ambito Financiero el subsecretario de Producción y Alimentos, Gustavo Oliverio.

El funcionario, que desde su asunción le imprimió agilidad al área, se mostró preocupado por aclarar que «la Argentina tiene récord en producción en base a la fuerte investigación que hubo en genética de semillas durante los últimos años».

«Vamos a impulsar el uso de semilla fiscalizada para que se respeten los derechos de los que invirtieron en esas investigaciones», remarcaba con énfasis Oliverio, quien estuvo acompañado por Adelaida Harries, responsable del área semillas de la Subsecretaría, y quien hasta hace poco tiempo encabezó el Instituto Nacional de Semillas (INASE), eliminado por decisión de la Jefatura de Gabinete. La reconocida especialista en semillas aclaró algunos puntos: «entre el '91 y el '96, alrededor de 60% de la semilla utilizada por los productores era fiscalizada. Con la explosión de la biotecnología, por razones entendibles, los productores comenzaron a guardarse material para uso propio y en el '97 comienza a aumentar el uso de semilla no fiscalizada». A partir de ese momento aumentó el uso de semilla que no había pasado por los controles fiscales.

Conceptos

«Con la aparición de mayor tecnología, es lógico, las empresas comenzaron a imponer costos altos para cubrirse por el uso de la semilla ilegal, que a nosotros nos gusta llamar no fizcalizada», dicen desde Agricultura.

Periodista: El pago de los royalties elevados es una de las excusas que se escucha para justificar la alta existencia de semilla ilegal, ¿qué puede hacer el Estado por este tema que es una cuestión de mercado?, preguntó Ambito Financiero.

Gustavo Oliverio: «A medida que se generalice el uso de semilla fiscalizada se va a reducir el valor de las regalías. Cuando salió el Roundap Ready la semilla era 40% más cara. Hoy los precios están bajando en el país. Como Estado podemos realizar un control indirecto sobre el uso de las semillas mediante la promoción de la mercadería fiscalizada, la que establece el origen y la calidad definida».

«Con la semilla fizcalizada el productor tiene beneficios, garantía, respaldo e identidad del vendedor -aclaraba Harries-. Con el ordenamiento de esta situación en el marco de la Ley de Semillas, se va a disminuir el diferencial de precios.»

Desde Agricultura se coincide en que mediante el cumplimiento de las normas vigentes se puede controlar la situación: ARPOV, la entidad que nuclea a los obtentores de especies vegetales comenzó a realizar presentaciones judiciales en contra de establecimientos y productores que presuntamente utilizan semillas ilegales.

«Debemos velar por el derecho privado. ARPOV puede hacer denuncias porque se basa en el derecho privado. No comparto la metodología utilizada... nosotros, como representantes del Estado debemos hacer cumplir la Ley de Semillas vigente», aclara Oliverio.

P.: ¿Y cómo va a ser la campaña que lanzará el gobierno para imponer el uso de semilla fiscalizada?
G.O.: «Los métodos no los vamos a adelantar... Con el sistema de penas y castigos que establece la Ley de Semillas ya se puede hacer bastante.... Si hacemos las cosas bien en no más de 5 años deberíamos tener un uso de 80% de semilla fiscalizada. De lo contrario vamos a perder potencial genetico en el país», contestó Oliverio.

En tanto, Adelaida Harries explicó algunos de los alcances de la Ley de Semillas vigente: « La ley prevé la confiscación de mercadería y sanciones que van desde un piso de de $ 700 y llega hasta un millon de pesos o el cierre del establecimiento. Pero existe un sistema probatorio y un procedimiento que lleva tiempo».
Finalmente, mientras países como Estados Unidos no tiene problemas en cobrar un fee tecnológico y los productores suman a sus costos gustosos un pago diferencial por el uso de nuevas tecnologías, en la Argentina se sigue debatiendo cómo frenar la evasión. «Las inversiones en tecnología son el elemento de crecimiento del país, pero es un derecho del productor guardarse semilla para uso propio. En soja y trigo del total de la semilla utilizada en la siembra 30% es fiscalizada, 35% es de uso propio y 30% no fiscalizada. Vamos a promocionar para que ése 30% se regularice», coincidían Oliverio y Harries.