CGT negocia con Massa un blindaje financiero y un fondo para obras sociales

Política

La central obrera le pidió al ministro un DNU para cubrir con recursos del Tesoro el costo de los remedios más caros del mundo.

El temor a Cristina de Kirchner y el desencanto con Alberto Fernández terminó de afianzar la relación de la CGT con Sergio Massa, alimentada en los últimos meses a base de concesiones para las obras sociales sindicales. Muestra de ello es el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que la central negocia con el ministro de Economía para crear un nuevo fondo de cobertura de tratamientos y remedios de altísimo costo con recursos del Tesoro, y otra normativa destinada a garantizar que los $148 mil millones que el oficialismo incluyó en el Presupuesto para rubros de salud irán efectivamente a las prestadoras sindicales para cubrir gastos en discapacidad.

Se trata de la última negociación de importancia que lleva adelante la organización de manera reservada antes de fin de año, con expectativa cierta de obtener al menos la garantía del uso de los fondos presupuestados a lo largo de 2023 dijeron a este diario en la cúpula sindical. Para los dirigentes esa discusión es prioridad absoluta por encima de cualquier otro debate relacionado con los ingresos de los trabajadores, que prefieren mantener al arbitrio único de las paritarias. En este punto los “gordos” de los grandes gremios de servicios se diferencian del sector que orienta Pablo Moyano, consustanciado con el reclamo kirchnerista por una suma fija incorporada en los sueldos y la exención del aguinaldo de fin de año en el pago de Ganancias.

El DNU es la madre de todas las gestiones. La CGT llegó a contar con un artículo del Presupuesto que consagraba la creación de un fondo para la atención por parte del Tesoro nacional de los requerimientos de medicamentos o prestaciones ultracostosas por parte de los pacientes de la seguridad social. El ejemplo más habitual es la droga Zolgensma, indicada para el tratamiento de la atrofia muscular espinal en menores de 2 años de edad, considerada la más cara del mundo con un valor que supera los u$s2 millones. Anoticiada de la incorporación a último momento de ese artículo la oposición lo bloqueó. La central obrera culpa a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, por ese traspié.

Si bien el sistema de obras sociales ya cuenta con el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), constituido con aportes de las propias prestadoras al fisco y que tiene como propósito el reembolso del valor de los tratamientos crónicos o medicinas de alto valor, el objetivo del decreto que alientan los sindicalistas es establecer otro rescate financiero pero con recursos del Estado, no ya de los trabajadores afiliados.

El otro mecanismo, que la CGT considera de más sencilla ejecución, es una norma con la que buscan blindar los $148 mil millones ya incorporados al Presupuesto 2023 para gastos en salud. Ese monto, que excede el cálculo que la propia central le había alcanzado al Gobierno como ejercicio de gastos para el año próximo por servicios de transporte y educación para sus afiliados discapacitados, pasó el filtro parlamentario pero no contiene en el texto de la ley una afectación específica para las obras sociales sindicales. Es un capítulo de la negociación de la central con Alberto Fernández que arrancó el año pasado y que dio como fruto que por primera vez en la historia, aunque con menos de lo prometido, el Tesoro nacional acudiera en auxilio de esas prestadoras.

Según la cúpula de la CGT los traslados y la educación de sus afiliados con discapacidad se llevan una parte sustantiva del FSR sin representar específicamente rubros sanitarios, los que a su criterio tienen la obligación específica de cubrir. Por 2021 el Presidente se había comprometido a cubrir $11.400 millones del Tesoro por esos gastos y terminó por girar menos de $7 mil millones. Para este año Massa les había garantizado el pago de cuatro cuotas iguales de $6 mil millones mensuales durante el último cuatrimestre pero hasta ahora depositó solo $4 mil millones, tal como reveló Ámbito. En la jefatura de la CGT dijeron contar con el reaseguro de parte del ministro de que el saldo se ejecutará antes de fin de año. Los incumplimientos del Ejecutivo llevaron a los negociadores de la central a reclamar un instrumento legal que garantizara la derivación a sus obras sociales del monto presupuestado para el año que viene en compensación por los gastos en discapacidad.

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