Abuso de las comunas: la inconstitucionalidad de las Tasas de Abasto

En la actualidad se ha registrado una serie de actos abusivos en relación con el tránsito de productos alimenticios en general, a través de las denominadas Tasas de Abasto. En el caso de las bebidas en particular, su producción, fraccionamiento, embotellado/envasado, distribución y venta, ya sea al por menor o al por mayor, se pone de manifiesto en el transporte de las mismas durante todo el año. Día a día, y a través de todo el territorio nacional, millones de litros de bebidas embotelladas y acondicionadas en embalajes en un todo de acuerdo con la legislación nacional aplicable en cada caso; ingresan a los distintos municipios de todas las provincias. Esta tarea la despliegan fabricantes o importadores con distribución propia o a través de terceros, distintos agentes económicos que operan en un mercado de perfecta competencia. Esta actividad es en realidad el resultado de una extensa, compleja, y variada red de operatorias que separan la producción (total o parcial) de la importación (producto terminado) de bebidas que son consumidas por la comunidad. Este hecho involucra el despliegue de actos económicos en distintas jurisdicciones, todos estos regidos por una detallada normativa nacional tributaria y sanitaria de carácter nacional.

Pese a la claridad de dicha legislación, existen autoridades locales que, desde tiempo atrás, han decidido establecer puestos fijos o móviles en los que simulan llevar a cabo tareas de inspección bromatológica sobre bebidas perfectamente envasadas y selladas en el lugar de su elaboración. Este extremo fáctico (o más bien una parodia de seudocontralor) da lugar a que las autoridades municipales, sin normas nacionales o provinciales que así lo autoricen, pretenden percibir y perciban las que se conocen como «tasa de abasto» o «tasa de inspección bromatológica». Tan absurda pretensión de los municipios en relación con distintos actos de un mismo circuito económico vulneran la Constitución nacional. En efecto, mientras el art. 9, Const. Nac. establece que las únicas aduanas de la República son aquellas fijadas por el gobierno federal, en las que regirán las tarifas que aplique el Congreso, en su similar 10° de la misma Carta Magna se consagra en el interior de la República la «libre circulación de los efectos de la producción nacional, así como los géneros y mercancías de todas clases, despechadas en las aduanas interiores». Dicho precepto es completado, en lo que aquí interesa, por las disposiciones contenidas en el art. 11, Const. Nacional, según el cual: «Los artículos de producción o fabricación nacional o extranjera, así como los ganados de toda especie, que pasen por territorio de una provincia a otra, serán libres de los derechos llamados de tránsito, siéndolo también los carruajes, buques o bestias en que se transporten; y ningún otro derecho podrá imponérseles en adelante, cualquiera que sea su denominación por el hecho de transitar el territorio».

• Garantía

A su turno, la Ley 24.653 establece en su art. 2 inciso f) que es responsabilidad del Estado nacional garantizar que ninguna disposición nacional, provincial o municipal, grave (excepto los impuestos nacionales por entonces vigentes), intervenga o dificulte en forma directa o no, los servicios regidos por esa ley, salvo en materia de tránsito y seguridad vial. En idéntico sentido se ha pronunciado el Pacto Fiscal Federal de 1993, sucesivamente prorrogado, donde se acordó la adopción de diversas medidas a fin de alcanzar los fines propuestos en aquel convenio interjurisdiccional (promoción del empleo, la producción, y el crecimiento económico del país y sus regiones). Entre tales medidas, se convino la inmediata derogación de las tasas que graven, a través de controles, la circulación interjurisdiccional de bienes o el uso para servicios del espacio físico, incluido el aéreo. Los preceptos que anteceden se integran de manera coherente con las disposiciones del denominado Código Alimentario Argentino, norma que establece las condiciones y requisitos que en su elaboración, fraccionamiento, conservación, transporte, almacenamiento, exposición y venta deben satisfacer todos los alimentos, líquidos o sólidos, aditivos alimentarios, coadyuvantes de tecnología alimentaria, envases y materiales en contacto con los mismos. Allí se establece, además, la reglamentación que deben satisfacer, como todo alimento envasado, las bebidas fraccionadas en envases de modo tal de encontrarse listas para su consumo humano. Dicha reglamentación materia de contralor exclusivo y excluyente de la autoridad nacional.

• Atribuciones

En lo que respecta a la autoridad de contralor del régimen normativo antes citado cabe recordar que el Decreto 815/99 reconoce en la Comisión Nacional de Alimentos las atribuciones para velar por el cumplimiento de las normas del Código Alimentario. No existe norma alguna que autorice a las municipalidades a efectuar inspecciones de productos alcanzados por las normas del CAA y, por ende, toda tasa o arancel local que procure percibirse por la realización de tan improcedentes medidas resultan a todas luces inconstitucionales.

Aquella conclusión se ve reforzada por lo normado en el art. 1° del Decreto 2284/91 (ratificado por Ley 24.307), en cuanto edicta: «Déjanse sin efecto las restricciones a la oferta de bienes y servicios en todo el territorio nacional... y todas las restricciones que distorsionen los precios de mercado, evitando la interacción espontánea de la oferta y la demanda».

Concluyendo: la claridad de las normas nacionales (constitucionales y legales) antes aludidas respaldan la libre circulación de productos previo cumplimiento de las normas del Código Alimentario y tras la fiscalización de la autoridad nacional. En razón de esto, es palmariamente inconstitucional el tributo en cuestión en función de postulados básicos de nuestro régimen supralegal (art. 31, Const. Nacional). Las atribuciones que pretenden desplegar muchos municipios asoman como inconstitucionales, puesto que consagran no sólo una grosera obstrucción al libre tránsito de mercaderías dentro de una misma provincia sino, además, una doble imposición que se suma a la ya existente en jurisdicción nacional retributiva de los servicios de inspección y control efectuados por las autoridades designadas por el Decreto 815/99.

Protestas contra Nación y gobiernos provinciales

Hubo cacerolazos ayer en casi todo el país
HUBO CACEROLAZOS AYER EN CASI TODO EL PAÍS

El son de las cacerolas ya tiene fuerte eco y se hace sentir por todas las provincias, donde no faltan motivos para reclamar tanto a los gobiernos locales como al nacional. Atrasos en salarios, pedidos por puestos de trabajo, exigencia de renuncia a los miembros de la Corte Suprema y otros funcionarios cuestionados, liberación de depósitos y rechazo generalizado al «modelo económico y a la corrupción» fueron los diversos móviles que desataron la bronca desatada por estos días en las diferentes capitales provinciales.

La Pampa: comerciantes, industriales, productores y otros clientes del Banco de La Pampa, protagonizaron ayer y el miércoles un cacerolazo para que renuncie el directorio de la entidad, a raíz de la suspensión unilateral por parte del Banco -de capital mixto entre el sector privado y el Estado provincial- de los acuerdos de giro en descubierto, lo cual según los empresarios pampeanos, provocó la ruptura de la cadena de pagos en la provincia. Ahora esperan la decisión del gobernador Rubén Marín, quien anticipó que no está de acuerdo con la medida tomada por el directorio.

San Juan: trabajadores estatales realizaron ayer un paro de actividades en reclamo de haberes adeudados y cortaron varias calles frente a distintas reparticiones públicas en el centro de la capital. La medida fue dispuesta por la Mesa Intersindical, que reúne a la mayoría de los gremios estatales, y reclamaron el pago de la parte en efectivo de sus salarios de noviembre y los LECOP y efectivo de diciembre.

Santiago del Estero: más de 500 personas participaron de un cacelorazo que reclamó la renuncia de los miembros de la Corte Suprema y rechazó la «corrupción y el modelo económico de exclusión». La protesta tuvo lugar en la tarde noche del miércoles, fue impulsada por la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Santiago del Estero (FEPUSE) y otras 20 entidades sociales y se realizó frente al atrio de la Catedral de Santiago del Estero. También se exigió devolución de depósitos, pago de salarios y jubilaciones en tiempo y forma, participación de las entidades intermedias en la ejecución y control de planes sociales.

Chaco: miles de vecinos marcharon por las calles de Resistencia en la noche del miércoles para pedir la derogación de un decreto provincial que dispuso la «estatización» de las deudas de 283 clientes del Banco del Chaco por u$s 60 millones. También reclamaron la renuncia de la totalidad de los miembros superiores de la Justicia provincial (cinco magistrados), a quienes consideran «dependientes del Poder Ejecutivo», y contra el atraso en el pago del aguinaldo a los empleados públicos y del incentivo docente, el cese de cortes de servicios públicos (agua y luz) por facturas vencidas, la falta de medicamentos y otros insumos en hospitales, la política económica en general y el corralito financiero.

Río Negro: médicos y empleados de las clínicas privadas de Viedma realizaron ayer un cacerolazo en las puertas y el interior de la Legislatura provincial en reclamo del pago de la deuda de $ 6 millones que mantiene la obra social estatal con los prestadores médicos privados y en apoyo al tratamiento de la ley que declaró la emergencia del sistema de salud de Río Negro.

Salta: alrededor de 1.500 personas marcharon pacíficamente por el centro salteño y protagonizaron un cacerolazo para protestar contra el gasto político, los gastos reservados y la continuidad del «corralito». Médicos y prestadores también reclamaron por la deuda de cuatro meses que la obra social estatal mantiene con ellos.

Tucumán: seis cortes de ruta fueron realizados ayer por desocupados y militantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que demandan mil puestos de trabajo a la Nación y de otros mil al gobierno local de Julio Miranda. «El lunes marcharemos hacia la capital, en demanda de 2 mil puestos de trabajo», aseguraron. Hoy a la noche se efectuará un cacerolazo en Aguilares, contra de la remarcación de precios y en demanda de una solución para la fábrica de Alpargatas, donde 2 mil obreros están suspendidos desde hace un año.

Tierra del Fuego: trabajadores del Hospital Regional Río Grande realizaron ayer por la noche un «cacerolazo» frente al edificio. Mientras tanto, funcionarios del gobierno y representantes de la Asociación de Profesionales, ATE y ATSA, mantienen reuniones para definir los interlocutores para el debate en la reforma del sistema de Salud.