Decenas de acreedores privados se presentaron ayer ante la Justicia, tras el fin de la feria, para solicitar que se declare inconstitucional la ley que establece un salvataje a los deudores morosos. Los prestamistas señalan que en muchos casos pese a tener sentencias judiciales firmes (primera y segunda instancia) que les permiten recuperar esa deuda en dólares, el Estado se las comprará pesificada y en bonos de mediano plazo, haciéndolo además de modo compulsivo.
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En caso de que comiencen a salir fallos judiciales haciendo lugar a los pedidos de inconstitucionalidad, el proceso de salvataje a deudores podría sufrir importantes demoras. Por lo pronto, muchos de los que habían recibido la intimaciónde la Justicia para cumplircon el pago de la deuda, ahora están retrasando el proceso aludiendo a la Ley 25.798, que estableció la ayuda especial. No todos los jueces fallaron de la misma forma en el caso de las deudas entre privados:algunos sí reconocieronel contrato y respetaron la obligación de devolver en dólares, pero otros optaron -entre otros modelos-por la «carga compartida» de la deuda, fijando un dólar intermedio entre $ 1 y $ 3.
El registro para que los deudores hipotecarios puedan acogerse al Fondo Fiduciario estará habilitado hasta el 23 de marzo. Para obtener el beneficio, deben cumplir con determinados requisitos: el crédito tuvo que ser aplicado a la compra de vivienda única, el monto no puede superar los 100.000 dólares en origen y la mora tiene que ser posterior a enero de 2001.
Cuando se trata de préstamos entre privados, el deudor puede concurrir unilateralmente al Fondo Fiduciario para beneficiarse con una refinanciación de la deuda (un año de gracia para el pago y cuotas más bajas, acorde con su nivel de ingreso). El acreedor, según estipula la ley aprobada, debe aceptar obligatoriamente esta presentación.
Los trámites para ingresar en el denominado Sistema de Refinanciación Hipotecaria deben ser efectuados ante el Banco de la Nación Argentina, que dirige Felisa Miceli, con una serie de formularios que acrediten el estado del crédito y la vigencia de la mora. Para las deudas bancarias es distinto, ya que son las entidadesacreedoras las que tienen la opción de aceptar el salvataje para el deudor del Estado. En muchos casos, se está optando por renegociar cara a cara las condiciones de una refinanciación con el deudor de características similares a las que obtendría con el Fondo Fiduciario. El motivo es simple: prefieren mantener al cliente y cobrar en efectivo antes que recibir bonos de largo plazo por parte del Estado.
«No hace falta tener sentencias firmes. También hay muchos acreedores que tienen pendiente el fallo de la Justicia, pero solicitan la inconstitucionalidad», aseguró un abogado comercial que está efectuando estas presentaciones.
•Costo
El gobierno estimó que el costo total del salvataje rondará los 600 millones de pesos, aunque se distribuirá a lo largo de los próximos años. Una de las principales fuentes de financiamiento es el Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas, hoy sin actividad concreta, que aportará el grueso del financiamiento.
Otro tema que puede generar conflicto en los próximos días pasa por el tratamiento que le darán las distintas jurisdicciones provinciales a esta ley de salvataje, ya que la ley «invita» a las provincias a sumarse a esta modalidad. Pero por ahora la aceptación fue prácticamente nula.
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