Hoy a primera hora de la mañana se reúne el directorio de Aguas Argentinas, que en la última semana dejó trascender que en el encuentro se tomará una decisión sobre el futuro de la concesión. Según se espera, el grupo francés Suez que controla a la sociedad y opera el servicio propondría al resto de los accionistas fijar un último plazo -de 30 a 45 días- para llegar a un acuerdo con el gobierno, estableciendo que si no se lo alcanza en ese período, se decidiría el retiro de la concesión.
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Suez contaría con el respaldo de Aguas de Barcelona (Agbar), el Banco de Galicia y la Corporación Financiera Internacional, que son los otros accionistas. Se afirma que si en un plazo breve no hubiera acuerdo por la renegociación del contrato, los accionistas anunciarían un retiro programado en una fecha acordada con el gobierno, que podría ser a fin de año.
No obstante, la decisión no es fácil ni para Suez ni para el gobierno. Aunque ambas partes manifiestan « desgaste» por las prolongadas tratativas, a ninguno de los dos le conviene ser responsable de la caída del contrato. Para los franceses, la rescisión por parte del Estado nacional le facilitaría el juicio en el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial.
Tampoco sería igual la responsabilidad frente a la deuda de 600 millones de dólares, que en importante proporción corresponde a créditos de organismos financieros internacionales. Se presume que con ese dinero se hicieron obras que constituyen el activo de la concesión y que volverían al Estado, si el contrato se rescinde.
Para el gobierno, por su parte, el costo político en el nivel de los organismos financieros internacionales y de los principales países inversores se atenuaría si los actuales accionistas deciden irse y sobre todo, si terminan vendiendo sus participaciones a otro inversor. Este fue el caso de Aguas de Santa Fe, donde Suez y los otros socios le vendieron a Alejandro Ivanissevich, dueño de la empresa Emgasud.
Las diferencias entre Aguas Argentinas y el gobierno se advirtieron de entrada. Hubo un período de relativa calma en el que rigió un acta transitoria sobre inversiones y suspensión de multas, pero desde enero pasado volvió el cruce fuerte. Se discute de dónde provendrán los fondos para las inversiones y el control de las obras.
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