Amenaza de quiebra en 50 obras sociales

Luego de conocerse hace un mes que por una presentación de los abogados de la CGT el decreto de desregulación de obras sociales quedó suspendido por la Justicia, el ministro de Salud, Hernán Lombardo, dijo que había 50 de estas entidades que podían cerrar. En ese momento los sindicalistas lo tomaron como una simple amenaza. Sin embargo, aparentemente el anuncio era cierto. Entre el jueves y el viernes de la semana pasada, en los primeros dos días de funcionamiento de los tribunales después de la feria judicial, se conocieron dos casos importantes de obras sociales que presentaron su concurso: la de los pasteleros y de los trabajadores postales. Se asegura en la Justicia que ya hay pedido de turno para otros 10 casos que se conocerían antes de marzo, incluyendo uno que responde a un sindicato de los más combativos en los últimos tiempos. En total, directa o indirectamente (por laboratorios y prestadores de servicios contratados por las obras sociales a los que no se les paga), hay pasivos involucrados por más de 600 millones de deudas en estos casos, cifra que incluso podría alcanzar los $ 1.000 millones.

"Pueden desaparecer 50 obras sociales en los próximos meses". El pronóstico que hizo el ministro de Salud, Héctor Lombardo, el 4 de enero pasado parece empezar a cumplirse. Entre el jueves y el viernes de la semana pasada, con los primeros días de operaciones de los tribunales de la Capital Federal, aparecieron los dos primeros concursos preventivos vinculados a Obras Sociales (el de los trabajadores de la comunicación y el de los pasteleros); y por la información que se maneja dentro del Poder Judicial, ya habrían pedido condiciones para presentar su convocatoria otros 10 casos entre febrero y marzo. Es más, hay 20 entidades que ya están en conversaciones con sus abogados para resolver la situación antes de mayo.

Todo esto junto con la falta de resolución del quebranto más importante de los últimos 6 años, el del concurso de la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que denunció un pasivo por más de 70 millones de dólares y que junto con la sede de la UOM (también concursada) manifestaron deudas por más de 80 millones. Si se suman todos los pasivos denunciados por las obras sociales que ya están con problemas de declaraciones de continuidad y que deben resolverse en los tribunales en los próximos meses, hay más de 180 millones de dólares en juego.

Según las cifras que se manejan dentro del Ministerio de Salud, las obras sociales que ya pidieron turno en los Tribunales de la Capital Federal tendrían problemas de pasivos superiores a los 300 millones de dólares. Si se suman los laboratorios y clínicas privadas que arrastran concursos por la falta de pago de las obras sociales (a lo que hay que sumar también al PAMI), hay otros 300 millones de dólares en pasivos.

Todo esto implica que en total, y sólo como piso, la situación que arrastran las obras sociales provoca de forma directa o indirecta pasivos por más de 780 dólares, únicamente con los casos más conocidos. No sería de extrañar que a fin de año se esté hablando de deudas generales y múltiples por más de 1.000 millones de dólares provocadas por la crisis existencial de las obras sociales. Y sólo hablando de lo declarado ante los tribunales de la Capital Federal vía concursos preventivos y quiebras.

Las dos noticias que confirmaron la amenaza de Lombardo sobre la crisis que se veía venir fueron la confirmación de dos concursos. El prime-ro es el de la Obra Social del Personal de la Encotesa y de las Comunicaciones de la República Argentina, con domicilio en Maipú 30, caso que quedó radicado en el Juzgado Comercial 11 que dirige Miguel Federico Bargallo y que analiza el secretario Germán Wetzler Malbrán.

El segundo es el de la Obra Social del Personal de Panaderías, con domicilio en la avenida Boedo 168 y con cesación de pagos el 20 de diciembre de 2000. Este caso quedó en manos del Juzgado Comercial 9 de la Capital Federal que dirige Eduardo Favier Dubois a través de la secretaria Claudia Ethel Raisberg de Merenzon. Los dos casos fueron algunos de los pocos concursos y quiebras que aparecieron en los primeros dos días de operaciones de los tribunales de la Capital Federal, junto con una docena de empresas médicas vinculadas a las obras sociales.

Lo sorprendente es que hasta ahora, y con sólo 48 horas de trabajo en los tribunales porteños (no se cuenta la actividad del lunes), 35% de los casos totales está vinculado a la situación de las obras sociales. Desde el Ministerio de Salud se asegura que no se hará nada para paliar la situación financiera en todos estos casos y que la situación deberá ser resuelta por las obras sociales y los tribunales, o, en todo caso, que se apuren las asociaciones entre este tipo de entidades o ser intervenidas. En concreto, la frase de Lombardo fue: «Puede desaparecer la obra social de la UOM y otras 50 que estén en vías de ser intervenidas. No lo hicimos porque les estamos dando la opción de que formen consorcios y mejoren su funcionamiento para poder subsistir».

Más allá de que muchos duden de que esta promesa sea cumplida, lógicamente el conflicto entre los sindicatos y el gobierno de Fernando de la Rúa pasa por otro carril. Los abogados de los gremios consiguieron en la primera semana de enero que los tribunales de feria suspendieran la aplicación del decreto para desregular las obras sociales por considerarlo inconstitucional. El fallo fue tomado el 3 de enero por la jueza federal de la Seguridad Social,Adriana Lucas de Tarra-bella, que decidió suspender momentáneamente el Decreto 446.