Las automotrices siguieron trabajando ayer en el plan para reactivar las ventas que le presentarán al gobierno a pedido del ministro de Economía. Pero la definición de las medidas chocan con la condición puesta por Roberto Lavagna: que la propuesta no tenga costo fiscal para el Estado.
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Esa premisa limita las medidas que se pueden aplicar, según reconocen en las empresas.
«El gobierno no quiere poner plata y nosotros no podemos bajar los precios. Así, las posibilidades de acuerdo son mínimas.»
Sin embargo, directivos de las terminales se reunieron ayer en la sede de la entidad -que dirige Juan Manuel Lardizábal-para avanzar en la propuesta que deberá ser aprobada la semana próxima por los presidentes de las terminales.
El tema de la rebaja de impuestos es el que cuenta con menos posibilidades porque tiene varios puntos en contra como el precedente que sienta para el reclamo de otros sectores y por el impacto que puede tener en la recaudación. Pero es, sin duda, la alternativa que más atrae a las automotrices debido a la fuerte presión impositiva que supera 40% del valor de un auto 0 km.
Las empresas quieren fundamentar que el aumento de las ventas, si la baja de impuestos se traslada a los precios, compensará lo que se pierda de recaudar por unidad vendida. Pero saben que será difícil convencer a Lavagna con ese argumento. En cambio, la idea que más consenso cuenta es la de un fideicomiso para el pago con bonos de la deuda que el Estado tiene por el Plan Canje que sirva para financiar operaciones.
El gobierno les debe a las automotrices u$s 345 millones. Aceptarían la cancelación de este pasivo con bonos que los aportarían como garantía para que los bancos financien la compra de 0 km. Las entidades financieras tendrían entonces una doble garantía: los bonos y la prenda del vehículo.
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