Autorizarían subas de tarifas en gas y precio mayorista de la luz

El gobierno definirá esta semana la política a seguir con las tarifas de los servicios públicos. Voceros oficiales y de las empresas privatizadas atribuyen al propio presidente Néstor Kirchner el criterio de que no habrá aumentos por 90 días, que se conoció ayer.

Ahora falta definir si Kirchner firmará el decreto por el cual se enviará al Congreso el proyecto de ley que devuelve al Poder Ejecutivo la facultad de fijar tarifas. El proyecto es impulsado por el ministro de Economía, Roberto Lavagna, desde la anterior administración.

Apremiados por la exigencia del Fondo Monetario de resolver el atraso en las tarifas, Lavagna ideó ese proyecto para evitar los fallos judiciales adversos a los ajustes, que se fundamentaron en que la Ley de Emergencia Económica no permite aplicar aumentos en las tarifas sino que plantea la renegociación de los contratos.

Pero a su vez, tanto Kirchner como el ministro de Planificación, Julio De Vido, insistieron en las dos semanas de gobierno en «que antes de definir subas de tarifas, se van a revisar los contratos». Esta definición se contradice en principio con el proyecto de ley que buscaba autorizar aumentos de emergencia, antes de la renegociación definitiva de contratos. Por eso, el fin de semana surgieron dudas sobre si el Presidente lo firmará.

• Señal

Si el decreto sale y el proyecto entra al Parlamento podría ser una señal para el Fondo, más que la posibilidad de que las tarifas se ajusten aun después de 90 días. Por otra parte, Kirchner también tiene a la firma un decreto por el cual la comisión renegociadora de los contratos pasa a ser presidida en forma conjunta por los ministros de Economía (hasta ahora único titular) y el de Planificación. Pero el decreto debe además conformar la comisión y ponerle plazos y contenidos, y en este punto podrían surgir divergencias.

De los datos que surgen del gobierno, de las privatizadas y de otros medios, quedan claro por ahora los siguientes aspectos:

Hay preocupación oficial por el precio del gas en boca de pozo porque temen que por el congelamiento del precio persista el freno a las inversiones en yacimientos gasíferos, y el año próximo falte gas.

La misma preocupación se advierte por el precio mayo-rista de la energía eléctrica, que este invierno será financiado con un préstamo del Tesoro por 150 millones de pesos.

Los primeros aumentos que podría producir el gobierno son en esos dos productos, que además no están sujetos a contratos, sino que por lo menos legalmente son sectores fuera de la regulación del Estado.

Esos ajustes serían los que se darían precisamente en el término de 90 días.

Para aplicarlos, se estaría estudiando una delicada segmentación de los consumidores, para aplicar mayores subas a los sectores industriales y comerciales que ya trasladaron a los precios el efecto de la devaluación.

Los ajustes para las empresas privatizadas demorarían más en decidirse.

De todas formas, tal como viene impulsando Lavagna desde el año pasado, las primeras privatizadas que podrían tener aumentos son las de transporte y distribución de energía eléctrica y gas.

Precisamente esta semana empezarían los contactos formales del secretario de Energía, Daniel Cameron, con esas compañías. Pero ya hubo encuentros informales en los que el funcionario adelantó su opinión de darles mayor intervención a los entes reguladores y volver a las revisiones de tarifas previstas en los contratos.

Después de la luz y el gas, parece haber una línea donde empezarían los problemas más complejos. El gobierno estaría decidido a mirar con especial detenimiento los contratos y las tarifas de Aguas Argentinas y los teléfonos.