Bullrich, dura con las concesiones a gremios

"Es una barbaridad total. Los argumentos de ilegalidad son absolutamente falsos. Es volver para atrás en una de las pocas medidas que posibilitaban menos ilegalidad." Patricia Bullrich embistió ayer duramente con esta frase dicha a Ambito Financiero -contra la medida del Ministerio de Trabajo que conduce José Dumón-y su decisión de dejar sin efecto la resolución 377. Por esta norma todos los sindicalistas del país, incluyendo sus parientes, debían presentar sus declaraciones juradas de bienes antes del 1 de diciembre. Sin embargo, y tal como adelantó el viernes pasado este diario, la medida quedará en los próximos días sin efecto a partir de una orden de Dumón.

Según el nuevo ministro de Trabajo, la obligación quedará sin efecto «porque hay un problema de legalidad, ya que la ley establece que sea la AFIP la que reciba la información sobre los bienes personales de los particulares». A través de un comunicado de prensa, Dumón agregó que va a trabajar «con transparencia, pero con legalidad» y explicó que «según la ley, los funcionarios debemos presentar nuestras declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, y los particulares deben hacerlo ante la AFIP». Detalló además que «aparentemente hay un problema de ilegalidad en el pedido de presentación de las declaraciones juradas, ya que según la ley el ministerio no está autorizado ni a exigirlas ni a recibirlas.»

Al ser consultada ayer por este diario la ministra de Seguridad Social embistió contra esta interpretación y declaró que «la transparencia no se negocia» y que «si el gobierno decidió avanzar en la transparencia de los sindicatos, no se puede dar marcha atrás». Aseguró además que la decisión de Dumón de ninguna manera se tomó por una cuestión de ilegalidad sino por una situación política ya que «la verdad es que hay sindicalistas que no están en condiciones de mostrar sus bienes porque tienen cosas que esconder» y que esto «lo saben todos, los políticos y la sociedad y no lo inventé yo». Dejó entrever también que si la decisión de Dumón se tomaba para tener una mejor relación con los sindicalistas, «es un error de interpretación».

La medida de obligar a los sindicalistas a presentar sus declaraciones juradas de bienes fue tomada por el gobierno de Fernando de la Rúa oficialmente el 27 de julio a través de la resolución general 377 y reglamentada luego con dos disposiciones que explicaban las formas técnicas que deberían respetar los sindicalistas para hacer las presentaciones. La fecha tope para concretar el envío de los datos sobre los bienes vencía en la primera semana de diciembre, pero desde octubre se podían recibir las declaraciones juradas. Lógicamente, casi ninguno de los alcanzados por la medida la cumplió. Unicamente los dirigentes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) dieron a conocer sus bienes, pero no ante el Poder Ejecutivo sino ante la Justicia.

Alcance

La medida no sólo alcanzaba a los caciques sindicales, sino también a los principales dirigentes de los gremios y a sus parientes directos, incluyendo a los cónyuges, hijos, padres y madres. Los sindicalistas debían enviar a Trabajo los datos de sus bienes muebles e inmuebles, pertenencias financieras (incluyendo acciones en empresas de cotización pública y cerrada), automóviles, pertenencias en el exterior, tarjetas de créditos y la explicación exhaustiva sobre como se pudieron adquirir todos esos bienes.

Ayer Dumón, además de confirmar la caída de esta obligación, tomó otra decisión. Llamó a que urgentemente esta semana sea quitado de la página de Internet del Ministerio de Trabajo «www.trabajo.gov.ar», el sitio llamado «transparencia sindical» donde se explicaban los motivos del llamado a presentar estas declaraciones juradas y los mecanismos para realizar la presentación de los formularios con la explicación de los bienes.