Los funcionarios del gobierno no saben hacia dónde van. Los gestos de Néstor Kirchner les han dado a entender que detrás de los fuegos de artificio hay una estrategia que sólo conoce el jefe. Por eso acumulan munición contra los hombres del campo para herirlos en donde más les duele. El principal es el proyecto que traman sigilosamente Claudio Moroni (AFIP), Ricardo Jaime (Transporte) y Ricardo Echegaray (ONCCA, organismo que fiscaliza las exportaciones agropecuarias) para montar un sistema de control del comercio exterior de productos agropecuarios y agroindustriales. Demorado desde el estallido de la guerra con el campo, lo reflota el gobierno para convertirlo en el cañón de plasma (el arma más temible de los videojuegos, supera a cualquier otro armamento; tiene el poder del «crusher» que todo destruye en el juego «Twister metal») contra los quejosos del campo.
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Por ese sistema, que los productores equiparan a un renacimiento de lo que fue el IAPI del primer peronismo, cuando nacionalizó el comercio exterior, la beligerante Federación Agraria de Eduardo Buzzi perderá la facultad que hoy tiene para tramitar las llamadas «cartas de porte». Este documento es el que debe llevar todo comercializador con los datos de volumen, precio, origen y destino para cada embarque.
Más compleja que una guía de tráfico, el trámite de la carta de porte le permite a la ONCCA saber qué se vende, a qué precio y con qué destino. Desde el gobierno de Eduardo Duhalde, la FAA tiene esa tarea de intermediar las cartas de porte en una especie de privatización semejante a la que existe en el Ministerio de Justicia en los llamados «órganos cooperantes» que administran registros del automotor y de la propiedad. Esos entes se quedan con un porcentaje del aforo en pago de sus funciones, algo que les da más agilidad a esos circuitos que la burocracia estatal.
El trámite de esas cartas de porte lo comparte la FAA con el Centro de Acopiadores, y según datos del gobierno le reporta a la organización de Buzzi $ 12 millones al año, un dinero que el oficialismo cree que es la «caja» que les permite a los ruralistas un despliegue logístico notable.
Desde la FAA indicaron, en cambio, que la cifra que maneja el kirchnerismo correspondería a la recaudación total que generan los trámites de las cartas de porte, de la cual la entidad gremial manejaría sólo 15%.
Golpe severo
En el nuevo sistema de «trazabilidad» -así se llama el proyecto-, la FAA por lo menos (no se sabe aún si también el Centro de Acopiadores) perderá esa función de tramitar las cartas de porte. El golpe sería tan severo para esa organización que hoy pide cambios en la política y la economía y que tiene como principal vocero a Alfredo de Angeli, que el gobierno teme aprobarlo por decreto.
Prefiere enviar un proyecto de ley después de que termine el tratamiento de las retenciones. La suerte que tenga este asunto en el Congreso le hará saber al gobierno si mantiene o no la iniciativa.
Para amortiguar las quejas que harán los ruralistas por este nuevo organismo que encimale quitará una importanterenta al sector, la AFIP tienelisto un escrache: ya navegaen los tribunales una denuncia contra un productor que está inscripto como monotributista pero que ha negociado en un año más de 21 mil cartas de porte.
Afectado
En esa denuncia, que afectaa un empresario de la localidad de Oncativo ( Córdoba), se calcula que cada carta corresponde a un camión que transporta entre 28 y 30 toneladas de granos.
Un monotributista podría absorber, según la AFIP, no más de 12 cartas al año, pero nunca esa cantidad, salvo que sea un evasor. Esas cartas habrían sido tramitadas a través de la FAA y la sola mención de este hecho, aunque a ese gremio no se le probase complicidad, bastaría para quitarle la intermediación de esos documentos.
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