Comienza mal nuevo gobierno: impuestazo

Desde el 2 de enero rige en la Argentina un nuevo impuestazo. Si bien fue una medida que tomó Cavallo antes de irse, el actual gobierno no la derogó. La expresión más grave es el impuesto al cheque que, si bien continúa en 6 por mil de cada transacción, casi todo va para el gobierno y sólo una mínima parte se permitirá aplicar al pago de otros impuestos. Hasta ahora el contribuyente podía aplicar 60% de lo que abonaba por cheques como pago de IVA, Ganancias y patrimonio neto. Desde el primer día hábil de enero, sólo podrá tomar 10% de lo que pague. La situación después de esta medida será insoportable para empresas y particulares que, además, deberán padecer que queda sin efecto la ley de competitividad, se inyectan papeles sin respaldo como dinero y se encarecen los insumos importados por la virtual devaluación.

El nuevo gobierno empieza el año igual que la Alianza: con un impuestazo. La noticia más grave es el mantenimiento del aumento sorpresivo del impuesto al cheque, dispuesto por Domingo Cavallo, que se encarecerá para el público en más de 50 por ciento. Además, del paquete de medidas que imaginó Domingo Cavallo antes de irse para reactivar la economía sólo quedó en pie la posibilidad de tomar a cuenta de Ganancias los intereses de los créditos hipotecarios y la rebaja de los aportes a las AFJP para los trabajadores afiliados al sistema de capitalización.

El nuevo gobierno de Adolfo Rodríguez Saá deberá tomar decisiones clave respecto del futuro de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que, a priori, debería comenzar a operar desde el 1 de enero como una entidad autónoma.

Para el olvido quedó otro de los cambios que Cavallo quiso hacer en el sistema impositivo, la transformación del régimen de la liquidación de lo devengado a lo percibido.

El ex ministro de Economía pensaba aplicarlo desde setiembre de este año, pero luego traspasó los tiempos al 1 de enero, lo que lógicamente no se aprobó ni por ley ni por decreto.

Cambios

De esta manera, los cambios que comenzarán a aplicarse desde el próximo miércoles 2 de enero son los siguientes:

Impuesto al cheque. Dentro del Decreto 1.676/2001 (uno de los últimos que firmó en tándem Fernando de la Rúa y Domingo Cavallo), el tributo a los débitos y créditos bancarios (herencia directa del ex ministro de Economía), la imposibilidad de tomar a cuenta de otros impuestos se elevará de 2,5 a 5,4 por mil, lo que implica en la realidad un incremento superior a 50 por ciento. Esto quiere decir que a cuenta de otros tributos, y en lugar de 58 por ciento que regía hasta hoy, se podrá descontar apenas 10 por ciento del impuesto; porcentaje que, además, sólo se podrá tomar a cuenta de IVA y Ganancias y no más de los aportes a la seguridad social. El tope del tributo se mantendrá en 6 por mil. Este impactante aumento afectará a todos los contribuyentes, pero particularmente los costos de los aportantes autónomos y los monotributistas que, por su condición fiscal, deben realizar la mayoría de sus operaciones desde los bancos. Estos sectores fueron, en toda la gestión de Fernando de la Rúa, los más afectados, y no hay visos de que su situación mejore dentro de la gestión de Rodríguez Saá. El aspecto positivo de este incremento es que los ingresos al fisco por este tributo, desde enero, aumentarían radicalmente por la vigencia de la bancarización forzosa. Durante la gestión de Domingo Cavallo, la Secretaría de Ingresos Públicos que dirigía José María Farré estimaba los ingresos por esta vía en un piso de 400 millones de pesos mensuales.

Ganancias. En el mismo Decreto 1.676, el gobierno de Fernando de la Rúa había dispuesto prorrogar hasta el 1 de enero de 2003 (un año más) la rebaja en la presión impositiva que había lanzado Cavallo en agosto de este año y que reducía el impuesto para los trabajadores en relación de dependencia que cobraran más de 1.500 pesos mensuales. Esto era para dar marcha atrás con parte del «impuestazo» que había lanzado José Luis Machinea al comienzo de la gestión aliancista y que para muchos significó el principio del fin del gobierno pasado. Los autónomos ni siquiera estuvieron contemplados en esta ventaja.

Descuento de créditos hipotecarios. Cavallo había aumentado de 4.000 a 20.000 pesos anuales la posibilidad de descargar del Impuesto a las Ganancias los intereses de estos préstamos, siempre y cuando hayan sido tomados desde el 1 de enero de 2001. Por cuestiones contables de presentación de las declaraciones juradas de las empresas y particulares, la aplicación efectiva de esta medida comenzará a aplicarse efectivamente desde 2002. Concretamente en el caso de los trabajadores en relación de dependencia, la mejora comenzará desde febrero, cuando las empresas presenten sus declaraciones, mientras que los autónomos podrán descargar los 20.000 pesos anuales desde marzo o abril, cuando tengan que presentar los pagos y declaraciones del período 2001.

Planes reactivantes. Las aproximadamente 40.000 empresas (70 por ciento de la recaudación) que estaban dentro de los beneficios de estos planes dejarán de percibirlos desde el 1 de enero. En concreto, se suspende la posibilidad de tomar el IVA a cuenta de las contribuciones patronales, las que comenzarán a regir también desde enero de 2003. Lo que continuará para estas empresas es la eliminación del pago de los impuestos a la Ganancia Mínima Presunta y al Endeudamiento Empresario. El resto de las empresas se beneficiará de estas rebajas desde abril de 2003.

Impuesto a los combustibles. También dejará de tener vigencia la rebaja en estos tributos, lanzada por Cavallo, que significaba una reducción de 0,43% a 0,38% de la presión impositiva sobre las naftas y que iba a ser aplicada desde agosto pasado y quedó postergada al 1 de enero. La rebaja queda eliminada, y la nafta continuará tributando impuestos a los combustibles de 0,43%.

Aportes jubilatorios. Los trabajadores que permanezcan en el régimen de reparto no tendrán el beneficio en la rebaja de los aportes que impulsó Cavallo, de 11 por ciento a 5 por ciento, y que para los empleados en relación de dependencia implica un aumento de 6 por ciento en su salario de bolsillo. Los autónomos continúan con su régimen habitual.

Bienes Personales. En una de las pocas ventajas que quedan a favor del público. De este tributo quedarán exentos los depósitos en plazo fijo, tanto en moneda local como extranjera. Sólo se incluye el dinero depositado en entidades dentro del país. También queda exento de Bienes Personales 50 por ciento de las tenencias de títulos de inversores locales que hayan sido presentados en el plan de canje de deuda que completó en noviembre Cavallo.

Moratoria. En el primer trimestre de 2001 comenzará a regir la moratoria impositiva lanzada por el gobierno anterior y que incluye la posibilidad de pagar hasta en 10 años y con un interés mensual de 0,6 por ciento todas las deudas impositivas, mientras que en el caso de las previsionales se aplicará un régimen de tres años. En principio, el régimen comenzará desde el 1 de marzo, y se estudia prorrogar nuevamente el pago de 1 por ciento que debía concretarse en febrero a marzo (ver nota aparte).

Situación administrativa de la AFIP. No es un problema del público, pero afectará directamente a la marcha de la recaudación. Según un Decreto 1.399 firmado por De la Rúa y Cavallo, desde el 1 de enero de 2002 comienza un cambio radical en el organismo recaudador, que implica, a su vez, el inicio de la autarquía. La AFIP contará con su propio presupuesto formado por ingresos provenientes de 2,75 por ciento de la recaudación impositiva (no previsional), lo que implica entre 850 y 950 millones de pesos mensuales. El decreto mencionaba que el presidente puede nombrar al nuevo titular de la AFIP luego de un año de pasado el comienzo del período presidencial. Habrá que esperar para ver si finalmente un nuevo jefe de Estado asume desde el 31 de marzo del año próximo. Si esto es así, el 31 de marzo de 2003 el próximo presidente nombrará a un titular de la AFIP, que durará cuatro años en su cargo y no podrá ser removido por el Ejecutivo.