En medio de la visita de una misión del FMI al país, el presidente Javier Milei enfrenta un desafío económico de magnitud: una deuda flotante cercana a los u$s60.000 millones, compuesta principalmente por compromisos con importadores y empresas que buscan remitir dividendos al exterior.
Cómo es la "deuda flotante" de u$s60.000 millones que el Gobierno insiste en patear para adelante
Las tensiones derivadas de las restricciones cambiarias y la escasez de reservas internacionales han derivado en la acumulación de deudas que aún no encuentran salida.
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Este pasivo, acumulado en los últimos años, refleja las tensiones derivadas de las restricciones cambiarias y la escasez de reservas internacionales, que han limitado la capacidad del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para atender estas obligaciones de manera oportuna.
Este pasivo, acumulado en los últimos años, refleja las tensiones derivadas de las restricciones cambiarias y la escasez de reservas internacionales, que han limitado la capacidad del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para atender estas obligaciones de manera oportuna. A la vez, y en una tónica que pareciera postergar su resolución, estos pasivos forman parte de un esquema de desequilibrios acumulados desde el año pasado, diseñado para evitar que el mercado de cambios legitime un salto abrupto en la cotización del dólar, al procastinar la cancelación de estos pasivos y, por ende, reducir la necesidad inmediata de comprar divisas.
Según datos recientes y tomando un hilo de los últimos 18 meses, la deuda comercial con importadores alcanzó un pico de u$s58.800 millones en marzo de 2024, antes de las emisiones de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal). Hacia diciembre de 2024, este stock se redujo a u$s53.648 millones, gracias a una disminución de u$s3.315 millones entre enero y abril de 2025, según el Informe de la Evolución del Mercado de Cambios del BCRA. A esta cifra se suman aproximadamente u$s7.000 millones en dividendos retenidos, lo que eleva el total a un nivel cercano a los u$s60.000 millones. Estas estimaciones, respaldadas por informes de Portfolio Personal Inversiones (PPI) y otras fuentes, subrayan la magnitud de los pasivos acumulados, que representan una presión significativa sobre el mercado cambiario.
Para el Gobierno, la urgencia pasa por otro lado. Esto es así, porque el origen de esta deuda se encuentra en las restricciones impuestas por el cepo cambiario, que desde hace años dificulta el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para importadores y empresas con obligaciones externas, lo que suele referenciar a gobiernos previos.
Los funcionarios contactados por Ámbito -que pidieron anonimato- sostienen que la acumulación de esta deuda ha funcionado en el pasado como una herramienta para contener la demanda de dólares en el mercado oficial, evitando así una devaluación pronunciada que podría haber desestabilizado la economía, de lo que deriva la dificultad actual para resolverlo en el corto plazo.
La emisión de Bopreal, diseñada para aliviar esta presión, ha tenido resultados mixtos. La Serie 4, cuya primera licitación se realizó el 18 de junio, busca cancelar deudas comerciales previas al 12 de diciembre de 2023 y dividendos retenidos, con una emisión autorizada de u$s3.000 millones. Sin embargo, la persistencia de un stock elevado de deuda sugiere que las soluciones implementadas no han sido suficientes para resolver el problema estructural.
Implicaciones económicas y perspectivas
La deuda flotante no solo afecta a las empresas involucradas, sino que también genera incertidumbre en el mercado y presiona las reservas internacionales del BCRA. Al postergar la cancelación de estos pasivos, el Gobierno ha logrado moderar la demanda de divisas en el corto plazo, pero a costa de agravar los desequilibrios externos. La estrategia del Gobierno, liderada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, ha priorizado la acumulación de reservas para estabilizar las cuentas externas por la vía del endeudamiento, en lugar de adquirir esas divisas en el MULC.
Sin embargo, la liberación gradual del cepo cambiario, un objetivo clave de la gestión actual, enfrenta obstáculos debido a la magnitud de esta deuda. Según analistas, la demanda reprimida de divisas podría complicar la normalización del comercio exterior y la remisión de dividendos, afectando la confianza de los inversores.
José María Segura, economista jefe de PwC, destacó que las emisiones de Bopreal han sido un incentivo clave para las empresas, dado que no pueden acceder al MULC si recurren al mercado financiero. No obstante, la efectividad de estas emisiones depende de la capacidad del BCRA para gestionar la base monetaria y evitar impactos contractivos significativos. PPI estima que la colocación total de la Serie 4 podría reducir la base monetaria en $3,6 billones, un efecto que debe ser cuidadosamente monitoreado.
Desafíos y críticas
La gestión de esta deuda ha generado críticas. Algunos analistas señalan que la acumulación de pasivos comerciales, exacerbada desde 2024, refleja una estrategia deliberada para sostener la actividad económica en un contexto de escasez de divisas, pero con consecuencias a largo plazo. La Unión Industrial Argentina (UIA) ha advertido sobre el impacto en las relaciones con proveedores externos, especialmente para las pymes, mientras que economistas como Santiago Bulat han destacado que la deuda comercial duplica los niveles históricos habituales.
En el ámbito político, la oposición ha cuestionado la contabilidad oficial, argumentando que el Gobierno recurre a prácticas creativas para minimizar la percepción de la deuda. Por ejemplo, algunos analistas han señalado que los pasivos acumulados por los Bopreal, que superan los u$s10.000 millones, no siempre se reflejan adecuadamente en las cuentas del Tesoro. Esta controversia pone de manifiesto la complejidad de abordar un problema estructural en un contexto de restricciones fiscales y cambiarias.
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