Cómo se hará el ajuste del Estado

El gobierno comenzó ayer a instrumentar en la práctica el ajuste en las distintas áreas de la administración pública. Con la idea firme de que los mercados sólo reconocerán el esfuerzo fiscal cuando se vea la aplicación de la ley de déficit cero, la Secretaría de Hacienda, dirigida por Jorge Baldrich, dio el primer paso y comenzó a liquidar todos los libramientos de fondos con una quita de 13%, sin importar cuál fuera el destino. Desde ayer todos los giros realizados por el Tesoro comenzaron a respetar esa regla. Además se comenzó a reprogramar el gasto presupuestario de aquí a fin de año, respondiendo a la misma pauta de reducción. Algo parecido se comenzó a hacer con la reducción de 30 por ciento establecida por la Jefatura de Gabinete para todo tipo de contratos del sector público.

Por lo pronto, el primer objetivo a cumplir por Economía es demostrar que el ajuste se lleva adelante para despejar las dudas sobre los problemas políticos que puedan hacer peligrar la aplicación del paquete de recorte salarial. Por supuesto que ya existen algunas áreas de la administración que son más conflictivas. Por ejemplo, la eliminación de contratos en muchos casos irrita a funcionarios que de esa forma habían establecido aumentos de sueldos. Otros asesores, o que figuran bajo ese título, están contratados en programas especiales de organismos bilaterales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. El problema para esos funcionarios, que se pensaban fuera del ajuste estatal, es que los organismos habrían decidido solidarizarse con la ley de déficit cero y aplicarían los mismos recortes en los sueldos que pagan a sus contratados.

• Impositiva

Un caso especial es el de la DGI. En esa dependencia se debe llevar adelante, como en el resto del Estado, un recorte de 30% en las partidas de personal contratado. A esa poda se debe sumar 13% que se les aplica a todos los empleados estatales permanentes.

El problema es que 80% del personal contratado en el organismo recaudador está destinado al sector de informática y maneja la única base de datos completa y fiable de contribuyentes que existe en el país. Son 150 contratados en total, ocho cargos políticos, y el resto en su mayoría que trabaja en informática e inteligencia fiscal, los dos sectores estratégicos de la AFIP en la lucha contra la evasión, uno de los principales problemas de la economía argentina.

Para los empleados de la DGI la situación es más grave ya que el año pasado, y ante la imposibilidad de aumentar sueldos, se les ofreció a los más calificados de la planta permanente pasar como contratado con un incremento salarial de alrededor de $ 600. Ahora, con el recorte en contratos, pasarán a cobrar muchí-simo menos que si se hubieran quedado en su situación anterior.

• Informática

El problema de la informatización en la DGI no es menor. Hace 10 años que la planta del organismo está congelada para tomar empleos permanentes. Además, como el sector informático es de continua actualización, la AFIP no posee sistemas estables y el organismo contrata continuamente personal que realiza la tarea de adecuación a las nuevas normas y cuando el proyecto termina se retira. Dentro de esos planes están los encargados de dise-ñar y ajustar el sistema Osiris de recaudación, el sistema 2000 que ahora se amplió a los grandes contribuyentes, y hasta el sistema informático María, que controla la Aduana.

Todos recordaban ayer en el organismo la última vista de Domingo Cavallo a sus oficinas cuando habló de la importancia de reforzar el cuerpo de inteligencia fiscal y la base de datos como centro del combate a la evasión, siendo justamente esos sectores los que deben controlar a las grandes empresas.

• Parlamento

En la Cámara de Diputados el recorte salarial comenzará a aplicarse a partir de los sueldos de agosto. Esto significa que éste será el último mes a cobrar sin descuento ya que los salarios fueron liquidados y la partida presupuestaria ya había sido enviada por el Tesoro.

En cuanto a los recortes en contratos, allí la cuestión es distinta. Lo más parecido legalmente a un contratado dentro del Congreso es el personal que se conoce como temporario o planta política. Es decir, son quienes ingresan a la tarea junto con la asunción del diputado y se retiran cuando finaliza su mandato.

Por lo menos es lo que debería ser aunque en muchísimos casos no se cumple si el empleado consigue algún nuevo legislador benefactor que lo recicle en su planta. Son el centro de la desconfianza cuando se habla de los famosos «ñoquis».

Por lo tanto, como esta categoría no responde a la situación de un contrato, no sufrirán el recorte de 30% establecido por Chrystian Colombo. De todas formas, el ajuste en el Congreso afectará no sólo a las partidas de salarios sino a todo el presupuesto. Ayer lo explicó claramente Rafael Pascual: «Hay que reducir 13% todos los gastos de la Cámara. Las partidas que llegan trimestralmente del Tesoro, en muchas ocasiones incompletas, van a venir con el recorte de 13% sin distinguir para que se utilicen».