Un proyecto sancionado ayer en Diputados para incrementar el control del Congreso sobre el gasto, terminó siendo la solución para destrabar el debate sobre la creación de ENARSA, la nueva empresa estatal de energía. Los diputados sancionaron una iniciativa que habilita a la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas -órgano que debe aprobar los informes de la Auditoría General-a extender su competencia de control a cualquier compañía que tenga participación del Estado, sea cual fuere su tipo societario. De esa forma se despeja el principal reparo que tiene la oposición y parte del peronismo sobre ENARSA: al constituirse como una sociedad anónima queda afuera de los controles que establece la Ley de Administración Financiera del Estado y opera como una sociedad más, algo que el Congreso considera peligroso ya que será depositaria de todas las licencias de exploración y explotación de hidrocarburos.
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Al modificarse el ámbito de aplicación de los controles del Congreso, no importa ahora para los diputados si ENARSA es una sociedad del Estado o una sociedad anónima. Basta con que haya una mínima participación estatal para que esa empresa esté alcanzada por la AGN. El gobierno tampoco puede oponerse porque la solución no partió de un cambio en la futura empresa, sino de un reglamento interno del Congreso.
El proyecto, presentado por el justicialista Oscar Lamberto hace meses, establece que el Congreso, «a través de la comisión parlamentaria mixta revisora de cuentas podrá extender su competencia de control externo a las entidades públicas no estatales o a las de derecho privado en cuyo dirección y administración tenga responsabilidad el Estado».
También esta comisión podrá monitorear las cuentas de aquellas empresas a las que el Estado se hubiese asociado o a las que les hubieran otorgado aportes o subsidios para su instalación o funcionamiento, y/o en general a todo ente que perciba, gaste o administre fondos públicos.
De ese modo, si el Senado aprueba la ley debería controlar las cuentas de ENARSA, que es una sociedad anónima mixta donde el Estado controlará 53% de las acciones, mientras que 35% será de capitales privados y otro 12% corresponderá a las provincias.
• Reglamentación
En realidad, el proyecto fija una nueva reglamentación para el funcionamiento de esa comisión bicameral encargada de controlar y aprobar los informes de auditoría y la forma en que gasta el Estado. Ese cuerpo fija el programa de acción anual de control externo a desarrollar por la AGN y encomienda a ese organismo la realización de estudios, investigaciones y dictámenes especiales.
Cuando se presentó la iniciativa, su utilidad era totalmente distinta de la actual. Uno de los problemas de la comisión es que no consigue que Diputados apruebe las cuentas de inversión de los años '94, '95 y '96 -donde se registró gran parte de las privatizaciones de la era Menem-.
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